El Govern recalca en sus alegaciones al TC que el 9N no es un referéndum

Así lo establecen las alegaciones presentadas al Tribunal Constitucional (TC), a las que Europa Press ha tenido acceso, y en las que los letrados de la Generalitat dejan claro que el 9N "no pretende en modo alguno un referéndum, ni tampoco un simulacro encubierto de referéndum", ha avanzado el canal 3/24.

"Se repite en una infinidad de ocasiones, hasta la saciedad, que la consulta convocada se trata de un referéndum, aunque no sea así (...) y con esa insistencia machacona, a falta de mejores argumentos, se pretende convencer de algo que sólo se presupone", aprecian los abogados de la Generalitat.

Aseguran que la Ley de Consultas no refrendarias deja claro en su nombre y en su contenido que no quiere regular los referendos, que son de competencia estatal según la Constitución, sino las consultas, que según el Estatut son un ámbito que corresponde a la Generalitat.

Inciden en que las consultas y los referéndos pueden tener similitudes, pero son algo "suficientemente distinto y distinguible", y en que las consultas populares caben perfectamente dentro del ordenamiento constitucional vigente.

"Los referéndums consultivos constituyen una modalidad de participación conectada con el Artículo 23 de la Constitución, pero existen muchas otras formas de auscultar la opinión de los ciudadanos" y una de ellas son las consultas, una herramienta que se ha explorado muy poco en el actual sistema democrático español.

Cita a Suárez

En las alegaciones, los abogados de la Generalitat citan explícitamente al primer discurso televisivo que en 1976 hizo el entonces presidente del Gobierno central, Adolfo Suárez: "Hay que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal".

Esta frase, según los letrados, "recupera todo su sentido y significado" en la Cataluña actual, donde existe un clamor popular a favor de una consulta sobre el futuro político de esta comunidad.

"En una sociedad democrática, ha de primar la libre expresión de opiniones políticas, individuales o colectivas, y no cabría impedir la regulación general de estos cauces de expresión", se añade en las alegaciones.

Si la Ley de Consultas y el decreto del 9N --ahora suspendidos cautelarmente por el TC-- se declarasen ilegales, "se habría cerrado un cauce legal" que permitiría institucionalizar la voluntad de muchos catalanes.