Greenpeace urge a Junta andaluza y Medio Ambiente a dar a conocer un informe para derribar el hotel de Algarrobico

Al hilo de esto, el colectivo ha avanzado en un comunicado que el director ejecutivo de Greenpeace España solicitará en el transcurso de un encuentro con el ministro Miguel Arias Cañete que se va a celebrar el 9 de octubre una copia del citado estudio, así como "fecha concreta" para el desmantelamiento del establecimiento hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

Este asunto se abordará en la reunión después de que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase el miércoles en firme que el hotel de Azata del Sol contraviene la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre fijada en 100 metros y después de que la Junta haya resuelto no interponer recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la normativa medioambiental en la zona al considerar que podría reactivar el uso turístico del hotel y obligaba a devolver al paraje la calificación de espacio protegido no urbanizable.

"Por fin la Junta de Andalucía es coherente con sus declaraciones públicas y sus acciones en los órganos judiciales y no ha recurrido la sentencia, reconociendo la triquiñuela que en 2008 realizó sobre la planimetría del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para legalizar el hotel", ha señalado la responsable de la campaña de Costas, Pilar Marcos, quien ha subrayado que se trata de la primera vez que el Gobierno autonómico "no va a recurrir un pronunciamiento judicial desfavorable ya que daba la razón a Greenpeace frente a ellos".

Cabe recordar que la citada sentencia en la sentencia, el TSJA reprochaba a la Junta que hubiese cambiado el nivel de protección "cuando sin ningún género de dudas" se veía que se localizaba en subzona no urbanizable y concluía que este cambio "más bien" parecía "haber sido una triquiñuela" para adaptar la normativa medioambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar al planeamiento urbanístico de Carboneras, lo que abría la puerta a legalizar el hotel.

Greenpeace, además de reclamar el "desmantelamiento inmediato" del inmueble "ilegal", ha indicado que, a su juicio, el informe encargado a Tragsa y cofinanciado por Junta y Magrama "no es necesario" y ha remitido al elaborado por la organización y N'UNDO arquitectos en el que se cuantifica el coste del desmantelamiento en alrededor de 7,3 millones de euros y se cifran en 400 los puestos de trabajo que generaría.