Griñán lamenta las "sandeces" que se han dicho sobre transferencia del Guadalquivir y rechaza que haya habido "batacazo"

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha lamentado este martes que, a propósito del Guadalquivir, en los últimos días se hayan escuchado verdaderas "sandeces" que demuestran un desconocimiento profundo de la realidad y ha rechazado que la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre el Gobierno central y el andaluz haya supuesto un "batacazo".

Griñán, que ha presentado en Sevilla la conferencia del vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, en el desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', ha criticado que en los últimos días se haya hablado incluso de "batacazo" y se ha preguntado "el batacazo ¿cuál es?: ¿el artículo 51 del Estatuto, que fue consensuado por todos? ¿Ese es el batacazo?". Ha recordado que ese precepto se aprobó casi unánimemente en el Parlamento andaluz y en las Cortes Generales y fue refrendado por el pueblo andaluz.

Del mismo modo, ha planteado si "batacazo" es la sentencia del Tribunal Constitucional y ha apuntado que se puede no estar de acuerdo con ella, pero que ese es el juego democrático. "Ningún batacazo, ni lo uno y lo otro, porque forma parte de lo que es simplemente el orden institucional de este país", ha señalado Griñán.

Para el presidente de la Junta, a partir de ahora, el artículo 150.2 de la Constitución es una posibilidad cierta para asumir por parte de Andalucía las competencias sobre el Guadalquivir.

A su juicio, el problema es que entre las sentencias del TC y del TS y el momento en que se pueda aprobar la ley de delegación, hay un tránsito donde, "por mucho que hemos mirado, la encomienda de gestión, que siempre fueron con carácter provisional, pero con transferencias definitivas, ahora los servicios jurídicos del Estado nos dicen que las transferencias de recursos, sobre todo, personales no se pueden hacer si no por un plazo temporal".

Según el presidente, ello creaba un marco de inseguridad jurídica que ha desembocado en volver a reintegrar las transferencias en el Estado y esperar a la Ley del artículo 150.2.