El Grupo Popular negocia con Justicia flexibilizar la Ley de Tasas y establecer un mínimo exento para personas físicas

El Grupo Popular en el Congreso está negociando con el Ministerio de Justicia una flexibilización de la Ley de Tasas Judiciales, cuyo plazo de presentación de enmiendas concluye el próximo martes. Según informaron a Europa Press fuentes populares, el Grupo ha planteado al departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón que se establezcan unos mínimos exentos en las tasas para personas físicas, entre otras cuestiones.

Todas estas propuestas fueron abordadas el pasado miércoles en una reunión de diputados del Grupo Popular en el Congreso con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, el subsecretario del Ministerio, Juan Bravo y la jefa de gabinete del ministro, Cristina Coto.

Las fuentes consultadas explican que ha habido una buena disposición por parte del Ministerio a acoger algunas de las propuestas realizadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que considera que esta Ley de Tasas judiciales es demasiado rigurosa y encarece mucho la Justicia para los ciudadanos.

Por ello, han propuesto que se establezcan unos mínimos exentos en el pago de las tasas a los ciudadanos que acudan a la justicia como personas físicas. Algunas fuentes precisan que estos mínimos tendrían en cuenta la renta de los usuarios de la administración de Justicia.

Otro de los planteamientos que han realizado los populares consiste en que cuando un ciudadano recurra a la Justicia en un pleito contra la Administración, ésta devuelva las tasas que se han pagado para poder pleitear si el ciudadano gana el pleito.

Esta propuesta, según las fuentes consultadas, se plantea para guardar el equilibrio con el pago de tasas judiciales a que obliga la justicia al particular que pierde un pleito. De esta manera, y aunque no se condene a pagar costas a la Administración cuando no gana, al menos sí que devuelva las tasas cobradas por pleitear.

No obstante, las enmiendas que está preparando el Grupo Popular aún no están cerradas y se seguirán ultimando hasta el próximo martes, fecha tope para presentarlas.

El proyecto de ley por el que se regula una subida de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha recibido la crítica de todos los grupos parlamentarios de la oposición, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como otros agentes como la Abogacía que censuran que su "desmesurada" cuantía conllevará un "efecto disuasorio".

El Consejo de Ministros dio el pasado marzo luz verde a esta revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia con el que espera que la recaudación aumente de 172 a 300 millones de euros, que permitirán sufragar el coste de la Justicia Gratuita, evitar abusos y reducir la litigiosidad.

El actual sistema de tasas judiciales se encuentra vigente desde el año 2002 y está regulado por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Finalmente, la reforma introduce una nueva tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados. El orden penal está exento de la nueva regulación.