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La Guardia Civil y los fiscales Anticorrupción prosiguen este viernes los interrogatorios en el marco del caso Ossifar

La Guardia Civil y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán prosiguen con los interrogatorios en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar en el que hasta el momento hay cuatro imputados, entre ellos, el alcalde de Porreres, Bernat Bauzá, y la exgerente de Emaya, Malen Tortella, a quienes el jueves se les tomó declaración.
Así lo han informado hoy a Europa Press fuentes de la investigación, que han indicado que no se descarta que se imputen a más personas o que se produzcan nuevas detenciones, tras el arresto el pasado miércoles de la empleada de Emaya, que responde a las iniciales de L.J.A. y que, posteriormente, fue puesta en libertad tras declarar ante la Guardia Civil y los fiscales.
La cuarta imputada en la segunda fase de esta operación, en la que se investiga un presunto desvío de 1,5 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados, así como la contratación de agentes electorales de UM a sueldo de la empresa municipal que, supuestamente, en realidad se dedicaban a labores de partido, es la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró, Antonia Mascaró.
De acuerdo a las pesquisas, el departamento investigado era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía, que nunca fue creada de forma oficial como tampoco disponía de presupuesto alguno, y en él trabajaban empleados que en realidad eran agentes electorales de UM. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos excepto su jefa, L.J.Z., quien tras ser detenida e interrogada quedó anoche en libertad con cargos. En concreto, sobre la arrestada pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM.
La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa.