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El coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla declara este viernes como imputado por presuntas 'devoluciones ilegales'

El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, declara este viernes como imputado tras ser denunciado por varias ONG por practicar presuntamente "devoluciones en caliente" de inmigrantes, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, le ha citado por la presunta comisión de un delito de prevaricación al ejecutar supuestamente devoluciones inmediatas de 'sin papeles' que intentan saltar la doble valla que separa Melilla de Marruecos, lo que a juicio de los denunciantes contraviene la Ley de Extranjería.
El responsable de la Guardia Civil en Melilla declara este viernes por los hechos ocurridos el 18 de junio y 13 de agosto de 2014 cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla y fueron "entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería", tampoco el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos.
Según detalla el auto, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla "dicta la orden 'Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras' y es la persona al mando del dispositivo". Se le imputa para esclarecer "si se llevaron a cabo entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción penal".
Se trata de un paso más en las diligencias incoadas el pasado mes de agosto cuando, ante la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, el juzgado comenzó a investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las devoluciones de inmigrantes en Melilla del 18 de junio.
El juzgado pidió información entonces a la Guardia Civil, que en un profuso documento detalló que se había aplicado aquella noche un "concepto operativo" de frontera que viene funcionando desde 2005 y según el cual, "sólo se consuma definitivamente" la entrada en territorio nacional cuando el inmigrante supera "la valla interna" y "rebasa la línea de vigilancia y contención establecida".
El mismo "concepto operativo" dice, tal y como recoge el auto, que "en todo caso, los inmigrantes que, rebasando las líneas de vigilancia y contención establecidas consuman su entrada ilegal en territorio nacional y son interceptadas por la Guardia Civil (...) son entregados mediante la correspondiente diligencia al Cuerpo Nacional de Policía" en línea con la Ley de Extranjería.
El magistrado dice que con este "concepto" que aplica la Guardia Civil coexisten dos ideas de frontera, una "de naturaleza jurídica" y otra "de naturaleza operativo o funcional". "El primero, se acomoda a los tratados suscritos entre España y Marruecos mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de simple operatividad policial", señala el auto.
Con todo, los vídeos aportados por las ONG en la querella, demuestran que "varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes" a través de la puerta de servicio de la valla "sin que conste que los mismos fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional", conforme detalla el auto del juzgado.
Por eso, aún "si se acepta como válido el concepto operativo de frontera", los ciudadanos subsaharianos "habrían llegado incluso a sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo, el doble vallado, atravesando la valla interior, entrando irregularmente en territorio español", lo que, según el juez, "habría obligado a aplicarles la legislación de extranjería".
Javier Martín Villaseñor ha contado con el respaldo del Ministerio del Interior, las Direcciones Generales de la Guardia Civil y Policía Nacional, de la Delegación del Gobierno en Melilla y del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Melilla, al sostener que actuando de este modo se respeta la legalidad vigente.