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Guardia Civil apunta a dos exaltos cargos andaluces por un préstamo de 384.000 euros otorgado "sin competencia legal"

Los agentes concluyen que los exdirectores de Trabajo y de IDEA, Juan Márquez y Jacinto Cañete, "tuvieron participación" en estos hechos
La Guardia Civil ha remitido un informe a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en el que apunta al exdirector general de Trabajo Juan Márquez y al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, ambos imputados en la causa, por la concesión de un préstamo de 384.841,65 euros a las empresas Electronics Devices Manufacturer (EDM) e Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, ambas con domicilio social en Mancha Real (Jaén), "sin competencia legal para ello".
En el informe elevado a la juez Mercedes Alaya el pasado 7 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén analizan la concesión a estas empresas del referido préstamo mediante un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y la agencia IDEA.
En este sentido, el convenio de colaboración del préstamo fue firmado el 29 de diciembre de 2008 por Juan Márquez, entonces director general de Trabajo, y Jacinto Cañete, en su calidad de director general de IDEA, mientras que el contrato de préstamo fue suscrito por el propio Cañete, por Juan Ruiz Cobo en nombre y representación de EDM, y por María José Cueva Gómez en representación de Séneca.
Los agentes explican que EDM se dedicaba a la fabricación de componentes electrónicos y Séneca se centraba en el comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, y con el préstamo se pretendía atender los pagos de las nóminas de los meses "necesarios" de los 145 trabajadores que tenían en conjunto ambas empresas.
La Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que, entre julio y septiembre de 2008, cuando se firma el convenio de colaboración entre Trabajo e IDEA para el otorgamiento del préstamo, fueron dadas de alta 28 personas en la empresa EDM. "Se comprueba que en el año 2008, cuando se solicita y se concede el préstamo, es cuando mayor número de trabajadores tienen las empresas investigadas", apostilla.
LOS TRABAJADORES
De hecho, los agentes han tomado declaración en calidad de testigos a algunos de los trabajadores de estas sociedades, que actualmente se encuentran en proceso de liquidación, "al objeto de comprobar si realmente al préstamo concedido se le dio el destino del dinero a los trabajadores en concepto del pago de nóminas atrasadas".
En este sentido, algunos de los trabajadores "manifestaron que en los meses de julio a septiembre de 2008 no se encontraban trabajando para ninguna de estas empresas, extremo que se confirmó a través del informe de vida laboral de algunos de los trabajadores, donde constan un total de 24 trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social en esa fecha y sin embargo sí estaban incluidos en el Anexo I de dicho convenio y que iban a recibir una cantidad de dinero para el pago de las nóminas atrasadas".
Junto a ello, los agentes constatan que, entre julio y septiembre de 2008, la empresa EDM "da de alta en la Seguridad Social a un total de 28 personas, de las cuales 18 de ellas son dadas de alta los días 28 y 29 de septiembre de 2008".
Algunos de los trabajadores que comparecieron ante la Guardia Civil "han aportado extracto bancario donde figura el ingreso de atrasos de nóminas correspondiente a las cantidades que figuran en el Anexo I del convenio de colaboración" entre la Dirección de Trabajo y la agencia IDEA.
EL INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO
Seguidamente, la Guardia Civil recuerda que, en su informe, la Intervención General de la Administración del Estado concluyó que "no hay constancia de la devolución del préstamo" ni de que la Junta haya llevado a cabo "acción alguna tendente al cobro del principal e intereses de demora pactados".
Además, los peritos determinaron que la ayuda "constituye una verdadera subvención a la empresa, no guarda relación alguna con la tramitación de un ERE" y que en la concesión de la misma "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", así como que la concesión de la ayuda "ha sido realizada por la Dirección de Trabajo sin competencia legal para ello".
La Intervención también concluyó en su informe que "no consta solicitud formal de la ayuda por parte del beneficiario" ni "la resolución motivada de la concesión por parte de la Consejería de Empleo", a lo que se suma que Empleo "ha concedido esta ayuda con cargo a un concepto presupuestario inadecuado", por lo que "pudiera ser nula de pleno derecho".
"NULIDAD DE PLENO DERECHO" DE LA AYUDA
Por último, la Intervención puso de manifiesto que la Junta ha abierto un procedimiento de revisión de oficio sobre la concesión de la ayuda mencionada "que pudiera desembocar en la declaración de nulidad de pleno derecho de la misma".
La Guardia Civil, que certifica que el préstamo fue destinado a pagar las nóminas de los 145 trabajadores mencionados en el Anexo I del convenio de colaboración, concluye que Juan Ruiz Cobo, "con tal de recibir dinero de la Administración, se comprometía a realizar contratos indefinidos a más personal --discapacitados-- del que realmente era necesario para la empresa".
De este modo, "se ha comprobado que en los meses de julio a septiembre de 2008, cuando en realidad en esa fecha ya existían problemas de liquidez para hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores, fueron contratadas 28 personas más", todo con el objetivo de "aumentar el número" de trabajadores "para conseguir mayor cantidad de dinero en la subvención".
DOS IMPUTADOS
A juicio de los agentes, "esto creaba un conflicto, porque se comprometía a contratar más personal del que realmente era necesario y, por otra parte, no era justo hacer contrataciones indefinidas a personas nuevas, existiendo ya trabajadores eventuales en la empresa con mayor antigüedad".
La Guardia Civil considera que tanto Juan Ruiz como María José Cueva, a los que han tomado declaración como imputados, habrían incurrido en un delito de fraude en subvenciones públicas, mientras que Juan Márquez y Jacinto Cañete "igualmente tuvieron participación en los hechos investigados, ya que la concesión de este préstamo, según informe de la Intervención General del Estado, fue realizado por la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello".