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Guardias Civiles reclaman un médico para los que saltan las vallas de Ceuta y Melilla

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido al Ministerio del Interior que disponga a un médico en las vallas de Ceuta y Melilla que examine a los migrantes que saltan el perímetro y decida si pueden ser entregados de vuelta a Marruecos o deben recibir asistencia sanitaria. Creen que así tendrán cobertura jurídica en caso de que uno de los afectados denuncie después que tiene lesiones o por omisión de auxilio.

"Demandamos que haya un sanitario, ya sea un Guardia Civil o un miembro de la Cruz Roja o de cualquier ONG que evalúe al inmigrante y que tome la última decisión para salvaguardar la integridad del resto de los compañeros", afirma en declaraciones a Europa Press el secretario General de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Melilla, Jamal Al-Lal.
Dice que en este sentido les "falta seguridad jurídica" y que "cualquier compañero podría ser imputado por denegación de auxilio" o incluso por un delito de lesiones si nadie certifica sobre la marcha el estado general de salud de la persona afectada.
Es una de las conclusiones que han sacado los guardias civiles tras el proceso judicial contra ocho agentes de frontera imputados por un delito de maltrato a un inmigrante en la valla. Una ONG local grabó en vídeo como los guardias civiles al joven cuando descendía de la valla y cómo lo trasladaban después en volandas mientras él parecía inconsciente. Los encausados, que han sido exonerados, defendían que el chico estaba ejerciendo resistencia pasiva.
Al-Lal opina que de haber tenido un sanitario que certificase el estado de salud de aquella persona antes de entregarlo a Marruecos, el caso no habría llegado al juzgado, porque los demandantes sostenían que el joven sufría una serie de lesiones y, según afirma, "no estaba herido ni con problemas físicos como decía la ONG". En la instrucción judicial no quedaron probadas aquellas acusaciones.
"Lo que decimos es que ningún guardia civil es sanitario como para valorar o tomar la decisión de que a un inmigrante que acaba de saltar la valla y no aparenta lesiones graves se le pueda rechazar. Preferimos que haya un sanitario que sea el último en tomar la decisión y evalúe si realmente necesita o no asistencia médica para en su caso, sin dilaciones, efectuar su traslado al centro de salud", afirma.
FALTA DE APOYO
Precisamente, sobre la imputación de los ocho guardias civiles (cinco de ellos agentes de base) el secretario general de AUGC Melilla insiste en el "calvario" que pasaron ellos y sus familias "al ver que les acusaron de algo que creían que no habían hecho mal" y que respondía "al cumplimiento de la Ley de Extranjería y de los mandos naturales de la Guardia Civil, que a su vez reciben las órdenes de los mandos políticos".
Sobre ellos, habla de falta de apoyo. "Echamos de menos que saliera un político asumiendo que había dado la orden de actuar así, que había tomado esa decisión política y que se hacía responsable de ella. Está muy bien decir que se apoya a la Guardia Civil, pero cuando realmente se apoya es cuando se sale a la palestra y se asume que se ha ordenado a la Guardia Civil un comportamiento y enfrentarse a la responsabilidad judicial o política que conlleve", afirma.
En su opinión, al final "los que han tenido que dar la cara han sido los guardias civiles. Seis de los imputados son guardias civiles de base, cinco de ellos los de Melilla. No hubo ningún responsable de la Guardia Civil ni ningún responsable político", lamenta.
REFORMA DE LA LEY
En cuanto al modo de proceder en la valla, señala que la actuación sigue siendo la misma que antaño se denominaba "devolución en caliente", solo que con la reforma de la Ley de Extranjería que introdujo la figura del rechazo en frontera "se ha garantizado un poco más la seguridad jurídica de los guardias civiles de Ceuta y Melilla", que se sienten ahora "amparados" en su modo de actuación.
Esa reforma establece que se rechazará a los migrantes interceptados a pie de valla siempre y cuando se realice respetando los tratados internacionales de derechos humanos y derecho de asilo suscritos por España. Según el ACNUR, esto implica que la ley "no avala" las devoluciones automáticas que se siguen haciendo igual que antes, porque ese derecho internacional prohíbe expresamente las expulsiones colectivas e impone la identificación individualizada de los afectados.