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Guerrero pide a la juez Núñez que le devuelva la fianza de 50.000 euros que pagó para salir de prisión

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que "elimine" y, por tanto, le devuelva la fianza de 50.000 euros que le fue impuesta en octubre de 2012 para poder abandonar la cárcel donde permanecía recluido en relación al caso de los ERE fraudulentos a fin de "poder atender los gastos de defensa".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Guerrero dice que actualmente no persiste "ninguno de los fundamentos que llevaron a dictarse la prisión provisional", por lo que reclama la "eliminación" de la fianza impuesta o, de manera subsidiaria, "una rebaja lo suficientemente sustancial como para poder atender los gastos de defensa hasta, al menos", el final de las instrucciones relativas a la causa matriz y a la pieza del procedimiento específico.
De este modo, el letrado de Guerrero, Fernando de Pablo, asevera que a medida que ha ido avanzando la investigación "las dificultades económicas" de su patrocinado "han venido agudizándose de manera de peligrar su defensa y representación", añadiendo que el procurador que inicialmente le representaba, "tras una exhausta labor, se vio abocado a desistirse".
De su lado, Fernando de Pablo, a su vez, se ha desistido "de las diversas causas en las que se ha ido dividiendo la matriz, teniendo intención --de poder ser-- de mantenerse" en la causa matriz y en la pieza del procedimiento específico "al menos hasta concluir la investigación".
DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE FUGA
En su escrito, consultado por Europa Press, recuerda que el día 10 de marzo de 2012, "tras tres días de intensa declaración judicial", la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Guerrero, tras lo que, "conforme los fundamentos de tal medida fueron disminuyendo, fueron atemperándose las exigencias sobre su libertad", dictándose el 20 de septiembre de 2012 una fianza de 150.000 euros.
"Una vez el juzgado comprobó la imposibilidad de atender dicha cantidad y entendiéndose por el instructor que tal medida podría concluir en una posibilidad ilusoria de eludir la prisión", el 17 de octubre se fijo la fianza en la cantidad de 50.000 euros, recuerda el abogado, que asegura que el auto que fijó esta última cantidad "expone la clara disminución de riesgo de fuga y de obstruir la investigación".
Según manifiesta, la puesta en libertad de Guerrero "vino acompañada de la obligación apud acta de comparecer todos los lunes del año ante el juzgado, así como de otras medidas complementarias como retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España".
DE "PRINCIPAL INVESTIGADO" A ESTAR EN "UN NIVEL MEDIO"
Al hilo de ello, señala que el 20 de marzo de 2013, Alaya citó nuevamente a declarar a su cliente, comparecencia en la que "le son ampliadas las imputaciones y, encontrándose la pieza en secreto sumarial, vuelve a decretarse prisión provisional sin fianza" para Guerrero, tras lo que el 5 de junio de ese mismo año, una vez levantado el secreto sumarial, se decretó su libertad "con las medidas de acompañamiento que ya padecía".
"En el auto se fundamenta la medida en la posibilidad de obstruir la investigación secreta, siendo nulo el riesgo de fuga", asevera Fernando de Pablo, que manifiesta que a medida que ha ido avanzando la investigación "se ha ido comprobando el nivel de cumplimiento" de su representado de las medidas de acompañamiento.
Así, "en ninguna ocasión en cuatro años ha declinado la firma (ni tan siquiera por enfermedad)" y "ha acudido puntualmente a cuantas citaciones se le han practicado, incluso solicitando él, voluntariamente, declarar", mientras que también "ha colaborado activamente en la investigación, fruto de lo cual el nivel de trascendencia" de Guerrero "ha ido diluyéndose, pasando de ser el principal investigado a encontrarse en un nivel medio".