Hacienda permitirá a los ayuntamientos destinar suelo público a reducir deuda, pero tendrán que reponerlo en diez años

Hacienda va a permitir a los ayuntamientos que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y deberán reponer el importe en un plazo máximo de diez años.

Así se recoge en una enmienda del PP al proyecto de ley de reforma de la administración local en el Senado, enmienda que será aprobada dada la mayoría absoluta con que cuentan los 'populares'. El grupo ha registrado en total 53 enmiendas.

La justificación de la propuesta es facilitar a los municipios una nueva herramienta para reducir su deuda y hacerlo "en un momento de paralización del mercado inmobiliario y de un amplísimo parque de viviendas pendiente de venta y a precios reducidos".

Con esta propuesta, se añade un nuevo apartado a la Ley del suelo, que prevé el destino del patrimonio público de suelo para, por ejemplo, la construcción de vivienda protegida o de dotaciones públicas. "Excepcionalmente", se dirá ahora en la ley, "podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento", aunque con condiciones.

En concreto, esos ayuntamientos tendrán que aprobar un acuerdo en Pleno para dedicar ese patrimonio a reducir deuda, justificar que no es necesario destinar ese suelo a los fines que son propios y fijar "anualidades y porcentajes" para reponer las cantidades en el plazo de diez años. "Los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del acuerdo deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior", se precisa también.

PREVISIÓN SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA

El PP ha presentado otra enmienda para añadir una nueva disposición adicional a la ley, la decimoséptima. En ella, se precisa que las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que quieran constituir un lugar de culto deberán "acreditar" su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, que tendrá que ser "emitido al efecto" e incluir la ubicación del centro. A partir de este paso, se seguirá lo previsto en la ley de bases, incluida la concesión de la licencia urbanística que corresponda.

Explica el PP que quiere "garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad religiosa" y puesto que la jurisprudencia "determina que los lugares de culto no están sometidos a las mismas licencias previas de apertura destinadas a establecimientos mercantiles e industriales".

LA NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, EN LA LEY

Además, con otras dos enmiendas el PP vincula el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.

Esta mención expresa al futuro sistema de financiación, la vinculación de un asunto y otro, fue reclamada este martes por casi todos los consejeros autonómicos que participaron en el debate de la reforma local en el Senado.

Con respecto al régimen foral, el PP ha presentado varias enmiendas para hacer algunas precisiones. Por un lado, se deja claro en la ley que corresponde al País Vasco y a Navarra la metodología para valorar el coste de los servicios municipales que van a ser ahora transferidos a las CCAA, aunque atendiendo a las directrices que señale Hacienda.

Además, los 'populares' admiten que es el País Vasco el que tiene la competencia atribuida sobre los funcionarios con habilitación nacional, como los interventores.

Además, con otra batería de enmiendas los 'populares' abren la puerta al mantenimiento de entidades vinculadas a los ayuntamientos, que podrán hacer aportaciones patrimoniales siempre que estén cumpliendo un plan económico-financiero o de ajuste siempre que aquella medida esté contemplada en estos planes.

Además, se amplía en un año el plazo para la corrección de desequilibrios de estas entidades cuando estén dedicadas al abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros.

MUNICIPIOS Y ENTIDADES MENORES

El PP precisa también en otra de sus enmiendas que las entidades de ámbito territorial inferior al municipio no desaparecerán automáticamente sino cuando sean deficitarias en el ejercicio presupuestario anterior o cuando el periodo medio de pago a proveedores supere los treinta días obligados.

Por otro lado, el PP va a unificar el sueldo permitido para los alcaldes de localidades de menos de 5.000 habitantes. En el texto aprobado en el Congreso, el grupo estaba dividido en dos tramos de población y la propuesta es unificarlos: todos ellos podrán tener una nómina equivalente al 30 por ciento del sueldo de un Secretario de Estado.

Además, se permitirá a los municipios de población entre 2.000 y 5.000 habitantes "excepcionalmente" contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva. Y se añade la limitación para los cabildos y consejos insulares con personal eventual: no podrá exceder de un tercio de los consejeros.