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Hermanas de Lasa y Zabala confían en que la ley de víctimas de represión acabe con "la impunidad y los agravios"

Piden crear una 'Comisión de la Verdad' para acabar con las "mentiras" y contribuir a la "igualdad" de todos los damnificados
Pilar Zabala y Asun Lasa, hermanas de Jose Ignacio Zabala y Jose Antonio Lasa, torturados y asesinados por el GAL en 1983, han confiado en que la futura Ley de reconocimiento de víctimas de represión ilícita contribuya a acabar con la "impunidad" y los "agravios" hacia los damnificados por el terrorismo de Estado o por otros abusos de las fuerzas policiales.
Las hermanas de Lasa y Zabala han comparecido este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco a petición de EH Bildu, con el fin de exponer su opinión respecto al 'Proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita en el País Vasco entre 1978 y 1999'.
Ambas han recordado el sufrimiento padecido por el secuestro, tortura y asesinato de sus hermanos, delitos por los que la Audiencia Nacional condenó al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y al gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elorriaga, entre otros. Aquella sentencia, además de condenar a los autores de estos crímenes, consideraba probada la pertenencia a ETA de Lasa y Zabala.
Pilar Zabala y Asun Lasa, no obstante, han recordado que sus hermanos no pudieron defenderse en vida ante los tribunales de justicia, por lo que han reclamado respeto a la presunción de inocencia.
"INVISIBLES"
Además, han denunciado que los condenados por los asesinatos de sus hermanos, condenados a penas de hasta 75 años de cárcel, ya están "en la calle" pese a no haber mostrado "arrepentimiento" alguno por sus crímenes.
Asun Lasa ha criticado que "hasta hace poco, las instituciones sólo veían el dolor que causaba ETA", mientras "hacían como que no veían la violencia que venía del Estado y de la Policía". "Hasta hace poco hemos sido invisibles, y todavía sigue sin tratarse igual a todas las víctimas", ha lamentado.
La hermana de Jose Antonio Lasa ha asegurado, además, haber sufrido "torturas", y ha afirmado que muchas personas que han padecido una situación similar a la suya siguen "con miedo" y no se atreven a relatar lo ocurrido.
Además, ha expresado su "tristeza" por el hecho de sigan existiendo distintas "categorías" de víctimas, cuando todas ellas han resultado damnificadas por la violencia.
En todo caso, se ha mostrado "esperanzada" de que esta situación acabe cambiando. Además, ha considerado que la comparecencia de este miércoles ante el Parlamento vasco para hablar de estas cuestiones es "un paso adelante". "Se está haciendo camino", ha manifestado, pese a lo que ha advertido de que "hay mucho que hacer" para lograr la "igualdad" entre todas las víctimas.
Pilar Zabala también ha explicado que se ha sentido "ignorada" y que esta percepción es compartida por otras personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según ha afirmado que su familia "sabía" que los responsables de las torturas y el asesinato de Jose Ignacio Zabala "eran quienes nos gobernaban", lo que incrementaba la "gravedad" de lo ocurrido.
INDULTOS
Además, ha denunciado los indultos concedidos a personas condenadas por los crímenes del GAL. "Es un agravio comparativo total entre unas y otras víctimas", ha criticado.
Frente a esa situación, ha expresado su confianza en que esta ley sirva como "garantía" de "respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de lo que esas personas hayan hecho".
A su juicio, este tipo de leyes "son necesarias", puesto que pueden contribuir a "sanar las heridas psicológicas de todos los que hemos sufrido", así como a evitar "futuras vulneraciones de derechos humanos".
COMISIÓN DE LA VERDAD
También ha considerado que el texto legal puede dotar de "seguridad jurídica" y al establecimiento de "un reconocimiento y una verdad oficial" para este tipo de víctimas. Con ese fin, ha reclamado la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca lo sucedido frente a "las mentiras que se han divulgado durante años".
La hermana de Jose Ignacio Zabala ha criticado la decisión del Ministerio del Interior de excluir a varias decenas de víctimas del GAL de las indemnizaciones contempladas en la ley estatal de víctimas del terrorismo.
El Gobierno central argumentó aquella decisión en la existencia de "informes" que acreditarían que se trataba de personas que pertenecían a ETA. Pilar Zabala, tras recordar que las personas condenadas por el asesinato de su hermano han sido excarceladas, ha considerado que esto supone un "agravio evidente".
ETXERAT
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco también ha recibido a una delegación de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA.
Los representantes de este colectivo Rafa Isasi y Urtzi Erauzkin han solicitado que la futura ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos incluya a los familiares de presos de ETA que han fallecido o han resultado heridos en accidentes de tráfico cuando iban a visitar a sus allegados encarcelados en prisiones alejadas de Euskadi.
Desde Etxerat se ha reclamado que la futura ley incluya a estas "víctimas de la dispersión". Además, han considerado que si se logra este "reconocimiento", será "más fácil" acabar con la política de dispersión que se aplica a los presos de ETA.
"Todos los que sufrimos somos víctimas y todos tenemos que tener un reconocimiento, de una u otra forma, si queremos una paz verdadera y duradera", han manifestado.
DIRECTOR DE VÍCTIMAS
También ha comparecido ante el Parlamento vasco, en este caso a petición del PSE-EE, el exdirector general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo José Manuel Rodríguez Uribes.
En su comparecencia, el responsable de Apoyo a las Víctimas durante el mandato de Jose Luis Rodríguez Zapatero se ha felicitado por el grado de "unidad" logrado en torno al proyecto de ley que tramita el Parlamento autonómico.
De todas formas, ha considerado que la ausencia de sentencias judiciales referidas a buena parte de las vulneraciones de derechos humanos que se pretenden reparar con esta normativa "dificultará" la forma de "acreditar" esos sufrimientos.
Rodríguez, en todo caso, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se impulsen medidas de "reparación" para las personas que han visto vulnerados sus derechos.