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IU espera que el nuevo Código Penal recoja del delito de desapariciones forzadas para poder juzgar las del franquismo

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, espera que durante la tramitación de la reforma del Código Penal que acaba de ser remitida a las Cortes se aproveche para tipificar el delito de "desaparición forzada", lo que abriría la puerta a la investigación en España de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Sixto ha señalado que la inclusión de este delito en el nuevo Código Penal es una de las recomendaciones que ha traslado a los diputados de PP, PSOE, Izquierda Plural y UPyD el Grupo de Trabajo de la ONU que ha visitado nuestro país para evaluar las políticas en materia de desapariciones forzadas y que ha instado a España a juzgar las de la dictadura.
La inclusión de este tipo delictivo garantizaría la no prescripción de las desapariciones del franquismo, ya que el delito seguiría vigente hasta la aparición de los restos de los desaparecidos, según ha explicado el portavoz de la Izquierda Plural.
Sixto ha señalado que el PP ha "dejado abierta" la posibilidad de atender esa reclamación de Naciones Unidas, si bien se ha quejado de que los representantes 'populares' en la reunión han "echado balones fuera" y no se han comprometido a aplicar ninguna de las recomendaciones del grupo de trabajo.
Por otra parte, el dirigente de IU ha destacado que gran parte de las recomendaciones del grupo de trabajo coinciden con las que ha venido manteniendo su formación. Así, ha apuntado que los expertos de la ONU han reclamado que se dote de financiación a la Ley de Memoria Histórica para hacerla más eficaz y han lamentado que la Ley de Transparencia no garantice el acceso a los archivos que facilitarían investigar en esta materia.
Por último, Sixto se ha congratulado de que el grupo de trabajo haya asumido "como verosímil" la cifra de 114.000 desaparecidos que documentó el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el que ocupaba Baltasar Garzón cuando comenzó a investigar los crímenes de la dictadura antes de ser apartado de ese puesto.