IU pide en el Congreso regular la concesión de indultos para acabar con el "secreto" que los rodea

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a aprobar una ley reguladora de la institución del indulto que sustituya a la norma de 1870 por la que se rige la medida de gracia y que, entre otra cosas, obligue al Gobierno a motivar por qué los concede o quién los promueve. El objetivo final, según Gaspar Llamazares, firmante de la proposición no de ley, es acabar con el "secreto" y la "opacidad" que, a su juicio, rodean la utilización de esta medida.

En la exposición de motivos del texto, que recoge Europa Press, Llamazares argumenta que la falta de motivación de los indultos concedidos y denegados y la imposibilidad de presentar recursos de casación contra estas decisiones otorga a esta institución, "en parte obsoleta", unos rasgos "de tal excepcionalidad en el contexto del Estado de Derecho que aconsejan su actualización y una atenta observación de su empleo en la práctica".

En su opinión la Ley de 1870, pese a los retoques que ha sufrido, sigue siendo demasiado indeterminada, al igual que los reales decretos sobre indultos que se publican en el Boletín Oficial del Estado. En éstos, firmados por el Rey y el ministro de Justicia, se incluye el nombre del reo, el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia firme, el título de la imputación, delito o falta cometido, la pena impuesta, el alcance del indulto y la condición temporal eventualmente impuesta.

SE CONCEDEN MÁS DE 500 AL AÑO

Pero IU echa en falta que se informe también del origen de la petición del indulto y que se publiquen datos estadísticos oficiales accesibles al público que permitan conocer periódicamente el número y alcance de los concedidos y otras circunstancias, como la clase de delitos indultados, la extensión de las penas remitidas o las condiciones impuestas a los beneficiarios de la gracia, como la obligación de pagar la multa impuesta.

Llamazares aporta un estudio publicado 2011 por la Revista Española de Investigación Criminológica que señala que entre los años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE concedieron un total de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes.

El diputado entiende que se utilice el indulto para suavizar o subsanar "penas desproporcionadas", que se conceda por las circunstancias familiares del preso, por su edad o por padecer enfermedades incurables, pero alerta de que, "en no pocos casos", la calificación jurídica del delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, una institución pública o a poderes económicos, han generado "dudas razonables" sobre si el tipo de delito y la condición del sujeto condenado influyen en su concesión.

JUECES PREVARICADORES, ALTOS CARGOS Y CONTABLES DE PARTIDOS

Llamazares considera que la relación de casos de este tipo es "abrumadora" y reseña algunos de los registrados relativos a jueces condenados por prevaricación, altos cargos de la administración autonómica o excontables de partidos políticos.

También menciona el otorgado por el Gobierno del PSOE al vicepresidente del Banco Santander Alfredo Sáez, que había sido "condenado a una gravosa pena de inhabilitación y pese al criterio en contra del Tribunal Supremo", o que el el Ejecutivo del PP acaba de conceder, también contradiciendo el criterio del tribunal y el fiscal, a Josep Maria Servitje, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat catalana, que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos.

Precisamente, a instancias de UPyD, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó la semana pasada en el Congreso por "razones humanitarias y de edad" el indulto a Servitje, que compartió la medida de gracia con el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, compañero suyo de Unió Democràtica de Catalunya. Gallardón detalló que el Gobierno se limitó a "sustituir la pena de prisión por multa", por lo que la "inhabilitación permanece inalterada y con ello el reproche social al delito".

Llamazares defiende que, superada la dictadura franquista "donde se llegó a indultar a ministros procesados y no condenados", y a la luz de la práctica observada en estos más de 33 años de democracia, "se echa en falta un desarrollo constitucional y moderno de la institución del indulto en un sentido o en otro: restrictivo o hasta derogatorio, o bien de modernización, pero, en todo caso, adaptado a nuestro actual Estado de Derecho, basado en la división de poderes".

MÁS DATOS EN LOS DECRETOS

Por todo ello, insta al Gobierno a promover una nueva ley o, en su caso, la reforma de la de 1870, "para garantizar su interpretación conforme a la Constitución", así como que se obligue a publicar anualmente todos los datos estadísticos sobre los indultos concedidos y el libre acceso público a los mismos.

También plantea que en cada real decreto de otorgamiento de indulto, además de los datos ya contenidos en la actualidad, se incluyan referencias al concreto delito cometido, al grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), al título de la imputación (autor o cómplice), a la pena efectivamente indultada, al origen de la solicitud del indulto y al motivo que lo justificó.

Para Llamazares, "esta información resultaría de gran interés por obvias razones de transparencia democrática, además de por motivos técnicos, dada su utilidad pera detectar problemas motivados en la práctica por las leyes penales".