IU lleva a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del Ayuntamiento con Cofely

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo político señala que Cofely y "otras sociedades" que fueron "absorbidas por esta" han prestado servicios para el Ayuntamiento de Las Rozas.

De este modo, IU-LV detalla cuatro puntos que "llaman la atención" entre las adjudicaciones realizadas. Se trata de la "falta de concurrencia" a los procedimientos negociados y la presentación de "propuestas económicas desorbitadas que beneficiaban las adjudicaciones de Cofely España, S.A".

Otra de las cuestiones que cita IU es la tramitación "de emergencia" de la adjudicación para la ejecución de las obras de remodelación de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Las Rozas.

En cuanto al contrato relativo al mantenimiento de la Casa Consistorial y Auditorio Municipal, señalan que fue prorrogado hasta nueva adjudicación a favor de Cofely España, S.A. el 23 de septiembre de 2011 por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas.

"Esto se produce a pesar de que el 25 de mayo de 2011 esta misma Junta de Gobierno Local acuerda una prórroga en favor de la empresa hasta el 30 de septiembre de forma improrrogable, así como el inicio del procedimiento abierto para la nueva adjudicación del servicio", aseguran desde la coalición.

Respecto al procedimiento negociado para la adjudicación de la reparación de cubiertas y aseos en la sala Juan Barjola y reparación de la cubierta del centro cívico de Las Matas, explican en el escrito que "dos de las empresas invitadas a participar son Cofely España y Elyo Ibérica Servicios Energéticos".

"El contrato es adjudicado a la primera mientras que la segunda no presenta oferta. Elyo Ibérica Servicios Energéticos no presentaba actividad en el momento de la invitación porque había cambiado su denominación social al nombre de Cofely España en Mayo del 2009, un año antes de iniciarse el expediente", puntualiza el portavoz del partido, Gonzalo Sánchez Toscano.

10 CONTRATOS POR 3,2 MILLONES DE EUROS

El edil ha justificado en declaraciones a Europa Press el envío del escrito a la Fiscalía en que "no debe quedar ningún tipo de dudas" acerca de la legalidad de los contratos. "Desde 2006 se han hecho diez contratos que suman más de 3,2 millones de euros de dinero público. De esos contratos, sigue vigente el de mantenimiento de los colegios públicos", ha añadido.

Sánchez Toscano ha señalado que su formación política "a día de hoy no tiene pruebas" de que "exista ningún tipo de delito penal" pero, a su juicio, la Fiscalía "debe revisar esos contratos para comprobar y ratificar la legalidad".

Así, ha hecho alusión a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación reunida este mes en el Ayuntamiento para revisar estos contratos. "En estos contratos existen defectos formales de importancia, beneficiosos para la adjudicación del contrato a Cofely, que deben ser revisados por la Fiscalía para disipar toda clase de duda sobre su legalidad", ha indicado.

Para la formación política "pueden ser, sencillamente, negligencias, errores formales o mala práctica administrativa del Equipo de Gobierno" aunque "tratándose de un empresa bajo sospecha estos errores resultan preocupantes".

En cuanto a la fotografía publicada por algunos medios de comunicación en la que aparece el exalcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, en una cacería junto a algunos de los implicados en la trama que investiga la operación Púnica, ha confesado que a su grupo político le ha "preocupado".

"Nos ha preocupado ver a Bonifacio de Santiago cuando era alcalde de Las Rozas en una época además que coincide con la suscripción de estos contratos, en una cacería con alguno de los principales implicados en la operación Púnica", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz de IU-LV ha señalado que en el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento instó al Equipo de Gobierno a presentar ante la Justicia la documentación relativa a este asunto, a lo que el Partido Popular "respondió con evasivas".

Para la coalición el Gobierno del Ayuntamiento debería ser "el mayor interesado en corroborar la legalidad de estos contratos", por lo que "debería haber sido" el propio Ayuntamiento quien "hubiera puesto voluntariamente estos expedientes a disposición de la Justicia, como han hecho otros municipios como Alcalá de Henares".