IU denuncia que el Gobierno "avala" que el SESCAM de C-LM pueda "amenazar" a sus trabajadores con multas por protestas

Esta conclusión extrae IU de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado Gaspar Llamazares, en la que el Ejecutivo muestra su respeto a las competencias que cada administración tiene atribuidas para "la gestión de los recursos humanos en el ámbito de los servicios autonómicos de salud".

El diputado de Izquierda Plural quería saber además si el Gobierno había dado "instrucción" para que las administraciones públicas utilicen el estatuto básico del empleado público para "coartar" el derecho de los trabajadores "a expresar opiniones críticas en relación con la gestión de los servicios públicos".

Aunque señala que el Gobierno no abordó este asunto en su primera respuesta, sí que lo hizo en una segunda contestación. En ella, recuerda el régimen disciplinario de los empleados públicos y que su incumplimiento puede ser sancionado.

"Los principios y reglas establecidos en dicho capítulo (el Capítulo II) informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, de manera que el incumplimiento de muchos de esos deberes, principios y reglas de conducta encuentra su reflejo en la tipificación de algunas infracciones del régimen disciplinario", apunta el Ejecutivo en su respuesta.

Por ello, sostiene que "la responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos se deriva de las actuaciones llevadas a cabo por éstos en el desempeño de sus actividades profesionales, siempre y cuando de ellas se derive un perjuicio para el funcionamiento del servicio público o para la propia Administración", de acuerdo con la tipificación de faltas establecidas en el régimen disciplinario y el procedimiento previsto.

Llamazares denuncia que esta "amenaza" del Gobierno de María Dolores de Cospedal de sancionar a los trabajadores sanitarios llegó "en uno de los momentos más álgidos de las protestas de los profesionales sanitarios".

Según expone, las advertencias iban dirigidas a casos como "que usen la bata de trabajo fuera de los centros para fines que no sean asistenciales; que utilicen el ordenador y el correo electrónico para un uso que no sea exclusivamente profesional o que coloquen anuncios o carteles en lugares que no estén habilitados para ello por el responsable del centro".