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Una diputada andaluza de IU recibe una multa por manifestarse en favor de la III República tras la abdicación

La parlamentaria de IULV-CA por Sevilla y dirigente del PCA provincial Marina Segura ha sido multada por manifestarse frente al Ayuntamiento de Morón de la Frontera, su localidad natal, y reivindicar la III República cuando se conoció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo Felipe VI.
Según explica el PCA de Sevilla en un comunicado, también ha sido denunciado por los mismos hechos el coordinador local de IU Alejandro Álvarez, ya que ambos participaron en las protestas organizadas el pasado 11 de junio en esta localidad sevillana para pedir un referéndum y reivindicar el advenimiento de la III República.
El partido señala que tanto Segura como Álvarez estaban concentrados a las puertas del Ayuntamiento junto a "numerosos moronenses" y que los dos "intervinieron frente a los requerimientos policiales defendiendo el derecho de manifestación e incluso, ante la intransigencia policial, proponiendo a los asistentes la conclusión anticipada del acto".
"Aún así, ambos miembros del Partido Comunista de Sevilla han recibido en su domicilio una denuncia por infracción administrativa grave en la que se les anuncia una sanción económica", denuncia el PCA, que no aclara la cuantía de la multa pero exige a la Delegación del Gobierno en Andalucía "el archivo inmediato de estos expedientes sancionadores y, por extensión, el cese inmediato de la persecución y de la criminalización de las legítimas protestas ciudadanas".
En esta misma línea, el PCA critica que "los Borbones y el bipartidismo que los sustenta no estén dudando en cruzar todas las líneas rojas que distinguen a una democracia de regímenes autocráticos" para mantenerse en el poder y que hayan "recuperado la figura de preso político" en el país en tanto en cuenta "son ya demasiadas las personas que se manifiestan y sufren la represión de multas escandalosas o, incluso, entradas en prisión".
Ante ello, reclama al Gobierno de la Nación que "abandone la represión y se disponga a atender al pueblo en sus demandas". "El grado de deterioro de las condiciones de vida de las personas, en términos de empleo, vivienda, servicios públicos y retroceso de libertades democráticas está siendo tal que pretenden ponerle puertas al campo impidiendo que se produzca la explosión social que las condiciones objetivas están provocando", añade el PCA para criticar que se esté respondiendo con "verdaderos ejércitos policiales" las manifestaciones y luchas sindicales o sociales.