IU propone ampliar hasta diez años el plazo de prescripción de delitos por fraude fiscal

En una proposición no de ley que presentará en el Congreso, IU propone ampliar el periodo de prescripción del fraude fiscal, de los cuatro años actuales, a un año cuando se apruebe la iniciativa, dos años a partir del momento de su aplicación, tres a partir del segundo y cuatro a partir del tercero. Todo ello hasta conseguir limitar el fraude fiscal a un máximo de 3 puntos del PIB frente al 8% en el que se sitúa en la actualidad.

Y en todo caso, pide que la prescripción se extienda hasta diez años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la identidad real del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la defraudación se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal, equiparando así la prescripción administrativa a la prescripción del tipo agravado del delito fiscal.

García Rubio ha explicado que en la actualidad el fraude fiscal y laboral equivale a unos 80.000 millones de euros según los técnicos de Hacienda. Por su parte, la economía sumergida se puede situar en un 24,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y, entre ambos, calcula que la Hacienda Pública está dejando de recaudar unos 92.000 millones de euros anuales.

El responsable económico de IU ha advertido de que con este dinero, que procede de "defraudadores y delincuentes que no cumplen con la ley", el Estado podría financiar su déficit y una parte del desarrollo económico que necesita, además de permitir poner en marcha una política económica diferente.

Por ello, ha advertido de que, si el PP rechaza la iniciativa en las Cortes Generales, será una de las primeras propuestas que haga IU con una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. También Cayo Lara ha coincidido en que estas cifras "galopantes" podrían resolver "muchísimos" de los problemas de España.

"La anualización de las posibilidades de recuperación de la recaudación fiscal con la aplicación de una Ley como la que proponemos generaría en cuatro años de aplicación una bolsa de 15.000 millones anuales como consecuencia del cumplimiento de objetivos razonables de disminución del fraude y la economía sumergida, a la que habría que añadir unos 75.000 millones anuales como consecuencia de la persecución y recuperación del fraude histórico vivo, simplemente evaluado en el 50 por ciento de sus cantidades netas y repartido en los cuatro años. Mucho más que el déficit público", calcula IU.