Imputados dos exvicepresidentes de Melilla, uno del PP y otro del PSOE, en el 'Caso Abogados'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha llamado a declarar, en calidad de imputados en el llamado 'Caso Abogados', a dos exvicepresidentes de Melilla, al actual Miguel Marín Cobos (PP), y a un anterior Rafael Hernández Soler (PSOE), después de ser denunciados por una presunta prevaricación por la contratación de abogados sin concurso público, para la defensa de los organismo autonómico.

Se trata de una pieza separada del mismo caso que se sigue en el Tribunal Supremo y por el que está imputado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP).

El tribunal melillense señala en el auto judicial que el objeto de la instrucción y de esta pieza separada "consiste en averiguar si las contrataciones de letrados externos por la Ciudad Autónoma de Melilla durante el periodo analizado se han realizado de manera contraria a lo previsto en la legislación aplicable y, si esto fuera así, si dicha forma de proceder pudiera estar expresamente prevista y penada en el Código Penal".

Además quiere investigar "la regularidad de la contratación del letrado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Juan Jesús Olivares Amaya, por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, como letrado externo para la dirección técnica de los procedimientos judiciales derivados de los despidos de las Cooperativas de trabajo asociado, de conformidad con las normas y procedimientos de contratación administrativa aplicables al caso, y del cumplimiento en tales expedientes de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia y, si esto no fuera así, si dicha forma de proceder pudiera estar expresamente prevista y penada en el Código Penal".

CITADOS EL 8 DE MAYO

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el titular de este juzgado, Emilio Lamo de Espinosa, ha citado para el 8 de mayo al actual vicepresidente Miguel Marín (PP), "ya que siendo consejero de Administraciones Públicas, habría solicitado mediante escrito al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla el abono de diversas minutas presentadas por el letrado Juan Jesús Olivares Amaya, sin existir expediente de contratación y no constando informe de necesidad de gasto, por delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, sin perjuicio de una mejor y más depurada calificación".

De igual manera cita para el mismo día al también exvicepresidente de Melilla, Rafael Hernández Soler (PSOE), ya que siendo vicepresidente 1º y consejero de Medio Ambiente, de julio de 2000 a junio de 2003, según una comparecencia por él efectuada ante el secretario José Antonio Jiménez Villoslada el 27 de mayo de 2014, "contactó con el abogado Juan Jesús Olivares Amaya para que se encargara de llevar los procedimientos iniciados por las citadas cooperativas ante la jurisdicción laboral, así como otras posteriores".

No consta la propuesta de nombramiento del letrado seleccionado por el Órgano de Contratación, ni el nombramiento por el Consejo de Gobierno, ni la formalización de la contratación. A Rafael Hernández se le convoca igualmente "por delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, sin perjuicio de una mejor y más depurada calificación".

Además de Miguel Marín y Rafael Hernández, el Juzgado número 2 también ha llamado ese día en calidad de imputado a la ex diputada autonómica la coalición electoral PP-UPM que existía por entonces, Inés Urdiales; al abogado Juan Jesús Olivares Amaya y a los funcionarios de la Ciudad Autónoma Enrique J. Mingorance y José Ramón Antequera.