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Interior admite que el ministro llamó al dueño de la finca ocupada por el SAT, pero para evitar la comisión de un delito

El Ministerio sospecha de que algunos asaltos a fincas del SAT están previamente pactados con sus propietarios
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, telefoneó el pasado martes al dueño del Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba) para instarle a que presentase una denuncia por la ocupación del lugar por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) liderados por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, según han admitido a Europa Press fuentes ministeriales.
Estas mismas fuentes han precisado que la intención de la llamada era evitar la comisión del delito que a su juicio se estaba produciendo con la ocupación de la finca por parte del SAT desde el martes hasta el miércoles a primera hora. El ministro le explicó que si no presentaba una denuncia, la Guardia Civil no podía llevar a cabo el desalojo.
A pesar de la llamada del titular de Interior, el propietario de la finca descartó presentar una denuncia. No lo hizo hasta última hora del martes. Las mismas fuentes consultadas añaden que desde el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se sospecha de que los dueños de algunas fincas andaluzas puedan haber pactado las ocupaciones previamente con el SAT.
Sánchez Gordillo ha acusado este jueves al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de presionar al propietario del Palacio de Moratalla para que denunciara la ocupación. "Nos enteramos ayer por la tarde, por una información muy directa, que fue el ministro del Interior el que instó a la propiedad para que denunciara, con la amenaza o la presión de que si no denunciaba retiraría a la Guardia Civil", ha asegurado Gordillo en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que "lógicamente se le comunicó que si no iba a denunciar, se le retiraba el dispositivo de la Guardia Civil de allí", pues, "no tenía sentido tener allí a un número importante de agentes de la Guardia Civil si él no iba a denunciar y estaba de acuerdo en que hubieran ocupado su propiedad". No obstante, ha descartado "cualquier tipo de presión" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejecutivo.
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA
La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para conocer las razones por las cuales el dueño de la finca cordobesa ocupada este martes por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tardó tanto en denunciar el asalto y, pese a la tardanza, por qué la jueza, al tener conocimiento de estos hechos, no actuó para evitar la ocupación, informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas mismas fuentes explican que estos dos factores impidieron a la Guardia Civil desalojar el Palacio de Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba). Los miembros del SAT encabezados por el alcalde de Marinaleda se personaron en la finca en torno a las 12.30 del martes, pero no fue hasta a última hora cuando el dueño del lugar decidió denunciar los hechos tras declinar esta opción durante toda la jornada.
Sin embargo, cuando acudió al juzgado y presentó la denuncia, la jueza no instó a la Guardia Civil a que acudiese a la zona para llevar a cabo el desalojo. Las mismas fuentes consultadas recuerdan que la Guardia Civil no puede desalojar en una propiedad privada si no es con un auto judicial que se lo permita.
Finalmente, los miembros del SAT abandonaron por su propio pie pasadas las 8,00 horas del miércoles el Palacio de Moratalla tras pasar allí todo el día del martes y la noche.