Interior presenta la nueva regulación de indemnizaciones a víctimas del terrorismo, que no satisfacen a las asociaciones

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, acompañado de la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, han inaugurado una jornada para informar a los representantes de las asociaciones de víctimas del desarrollo del Reglamento de la ley de víctimas del terrorismo, aprobado el pasado día 6 por el Consejo de Ministros y que entró en vigor dos semanas después tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aguilera ha apuntado la jornada de este lunes como el punto de partida de un diálogo con las asociaciones para "asegurar una exitosa aplicación" del Reglamento que permitirá la "plena aplicación" de la Ley de Víctimas, que ha recordado que se trata de la legislación "más avanzada" de los países del entorno europeo.

Según ha destacado, la nueva ley permitirá a las víctimas avances como actualizar las indemnizaciones recibidas en caso de que cobrasen menos que el máximo establecido en la actualidad o acceder a indemnizaciones adicionales en materia educativa o psicológica.

Sin embargo, el texto no convence a las asociaciones de víctimas que, a la espera de las explicaciones de los responsables de Interior, avisan de que no cumple sus "expectativas" e incluso rebaja algunas ayudas de las que ya se beneficiaban quienes han sufrido la acción del terrorismo.

Entre sus desacuerdos con el Reglamento, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha señalado el "lenguaje" utilizado, ya que las víctimas pasan a ser calificadas como "afectados por el terrorismo".

Además, aunque reconoce que los amenazados tienen derecho a recibir todo tipo de ayudas, la AVT es partidaria de que su figura se hubiera regulado en una ley diferente. "Este reglamento ha desarrollado muchísimo la figura de los amenazados y sin embargo ha sesgado otras ayudas a las víctimas, como aquellas sin invalidez permanente que se han quedado sin ayudas escolares para sus hijos o la exención del pago de tasas", ha denunciado.

También la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, ha lamentado que el Reglamento recoja "muy pocas" de las propuestas que su asociación realizó al Ministerio del Interior y ha coincidido en la falta de concreción en la figura del amenazado. "Podría parecer que todo el que vive en el País Vasco se puede acoger al Reglamento", ha apuntado.

SIN OPCIÓN A CAMBIOS

Entre las objeciones de su asociación, Pilar Manjón ha destacado también la necesidad de firmar convenios con las comunidades autónomas para la exención de tasas de educación. "Si en un reglamento de seis meses han tardado dos años, cuando se pongan de acuerdo con las comunidades para pagar las tasas han acabado la carrera la mitad de nuestros estudiantes", ha lamentado asegurando que algunos de sus asociaciones ya han tenido los primeros problemas en este sentido.

La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo tampoco está de acuerdo con las garantías e indemnizaciones ofrecidas a los españoles que sufren atentados en el exterior y, por todo ello, Manjón ha adelantado que entregará a Interior un dossier con todas sus objeciones y reclamaciones.

Pese a ello, el subsecretario del Ministerio ya ha avisado de que el Reglamento ya ha sido publicado en el BOE y por ello no podrá ser modificado, aunque esto no descarta que se pueda realizar alguna variación en el futuro si así lo requiere su aplicación.