Izquierda Unida defiende ante el Tribunal de Cuentas la legalidad de su financiación y las donaciones recibidas

Izquierda Unida ha defendido ante el Tribunal de Cuentas la legalidad de su financiación y de las donaciones recibidas y ha pedido al órgano fiscalizador que paralice el expediente sancionador abierto contra la formación por irregularidades detectadas en el último examen realizado por la institución, correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, confirmó este miércoles en el Congreso que el órgano ha abierto procedimiento a 13 partidos y 24 fundaciones vinculadas a formaciones políticas para decidir si les sanciona o no por irregularidades en su financiación.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha negado que su partido haya incurrido en cualquier ilegalidad y se ha remitido a las alegaciones presentadas por su responsable de finanzas, Dolores Sánchez, ante el Tribunal de Cuentas la pasada semana.

El escrito detalla que el expediente del Tribunal de Cuentas está originado por el hecho de que las donaciones no fueron ingresadas en cuentas bancarias destinadas exclusivamente a estos ingresos. Sin embargo, la formación explica que esta obligatoriedad obedece a un cambio legislativo de octubre de 2012 y no afecta a ejercicios anteriores.

Según expone, la ley electoral establece actualmente que las cantidades donadas a los partidos políticos deberán abonarse en cuentas de entidades de crédito abiertas exclusivamente para ello. Pero IU deja claro que la redacción de este artículo se modificó en 2012 y antes sólo establecía la obligación de dejar constancia de la fecha de la donación, importe y nombre e identificación fiscal del donante.

MÁS DE 61.400 EUROS ENTRE 2009 Y 2011

El partido explica que las donaciones recibidas en los años 2009 (17.776 euros), 2010 (19.195,40 euros) y 2011 (24.463,44 euros) fueron ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no existir abiertas cuentas específicas y, en todas ellas, se cumplimentaron debidamente todos los detalles exigidos por la legislación.

Pero además, y al margen de estas precisiones, defiende que las presuntas irregularidades cometidas en el año 2009 estarían ya prescritas una vez que ha transcurrido el plazo de cuatro años marcado para este tipo de infracciones.

De la misma forma, defiende que las denominadas donaciones realizadas a IU no constituyen propiamente donaciones, sino que deben ser consideradas como aportaciones de afiliados porque provienen de aportaciones realizadas a la organización por sus cargos públicos. Los estatutos de la coalición establecen que sus cargos públicos están obligados a realizar aportaciones a la organizaciones con cargo a las retribuciones públicas que reciben.