El pleno de Jávea (Alicante) aprueba solicitar al Estado un anticipo de 5,3 millones del IBI para el pago a proveedores

La propuesta se ha aprobado con el voto a favor de 19 concejales --seis del PSOE, cuatro del PP, tres de Xàbia Democrática (XD), tres del Bloc, dos de Ciudadanos por Jávea (CPJ) y uno no adscrito-- y la abstención de una edil del PP.

Según han informado a Europa Press fuentes del Consistorio, durante la sesión plenaria sólo han sido debatidos dos puntos, ambos relacionados con la solicitud del adelanto del IBI, uno para la aprobación de la solicitud y otro en el que se concretaban los plazos para realizarla.

Así mismo, durante la sesión, que apenas ha durado unos minutos, sólo ha tomado la palabra el alcalde de la localidad, José Chulvi, para explicar que la decisión de solicitar al Estado el adelanto del IBI se debe a la "situación extraordinaria" del Consistorio ante la necesidad de efectuar los pagos a proveedores, pero que no Jávea no es el primer municipio en hacerlo.

PADRÓN DEL IBI

Al respecto, el consistorio de la localidad indicó el pasado lunes en un comunicado que sigue "a la espera" de que la Dirección General del Catastro le remita el padrón del IBI, lo que le ha impedido sacar al cobro este impuesto dentro del plazo habitual para su pago en voluntaria.

Igualmente, ha apuntado que con la anulación de la revisión de valores catastrales vigente hasta hace unos meses y la obligación de ajustar "éste y otros tributos" a la anterior ponencia --1995--, el Ayuntamiento reducirá considerablemente los ingresos previstos en el presupuesto, y, "además, está viendo dilatarse la recaudación de la que es la principal fuente de ingresos de la administración local, el IBI".

"A pesar de que el Catastro mantiene su compromiso de que a finales de este mes habrá hecho llegar el nuevo padrón del IBI, lo que permitiría sacar a cobro este impuesto a mediados de septiembre, el Ejecutivo trabaja en una alternativa que cubra las espaldas y evite problemas graves de liquidez al Ayuntamiento, para así poder garantizar los pagos a los proveedores dentro de los plazos habituales", ha subrayado el consistorio.

En este sentido, Chulvi ha convocado para este jueves un pleno extraordinario en el que la corporación municipal debatirá la posibilidad de solicitar al Estado un anticipo a cuenta de lo que ingresará con el IBI.

El Ayuntamiento de Jávea ha indicado que esta "solución", recogida en la Ley Hipotecaria, está regulada para aquellos casos en los que el Catastro no ha remitido a los ayuntamientos el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles dentro del plazo establecido, que está fijado en julio.

"ANTICIPO, NO PRÉSTAMO"

Así, el primer edil ha señalado que se trata de un "simple anticipo, no préstamo, únicamente disponible para municipios en los que no se puede pasar a cobro este impuesto por causa achacable al Estado, y no comporta el pago de ningún interés, sino sólo exige su devolución".

De este modo, la petición pendiente de aprobación por la corporación de Jávea asciende hasta los 5,3 millones de euros, un 75 por ciento de los ingresos correspondientes a las propiedades que no han sufrido modificaciones físicas ni jurídicas en los años entre ambas ponencias catastrales, tal y como ha detallado el responsable municipal de Hacienda, Óscar Antón.

Esta cantidad sería abonada por el Estado en cuatro plazos mensuales a partir de septiembre, "siempre y cuando" siga sin recibirse el padrón del IBI, un trámite que permitiría sacar al cobro los impuestos de forma ordinaria y, por tanto, haría innecesario recibir anticipos.

La propuesta se ha tratado este lunes en comisión informativa de Hacienda y ha obtenido el respaldo unánime de todos los partidos del gobierno de la localidad.

Además, en la misma reunión se ha dictaminado "por unanimidad" una propuesta para fijar unos plazos "cómodos" para la devolución de este anticipo, dividiéndolo en tres pagos mensuales que se harían efectivos a partir de un mes y veinte días después de la fecha en la que se saque al cobro el IBI del 2012, por el que el Ayuntamiento de Jávea ha estimado recaudar un total de 12,9 millones de euros frente a los 21,6 que se habían presupuestado inicialmente, antes de la sentencia anulatoria de los valores catastrales.