Jefe de la Guardia Civil en Melilla asegura que no ha cometido "ninguna irregularidad"

En calidad de imputado, el jefe de instituto Armado en la ciudad española del Norte de África ha declarado durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, tras la denuncia que le interpusieron varias ONG, que consideran que dichas devoluciones fueron "ilegales".

Ambrosio Martín, que ha estado asistido por una Abogada del Estado, ha manifestado que tienen "la conciencia tranquila" y "clara" por lo que el Gobierno llama "rechazos fronterizos", es decir la entrega a las fuerzas de seguridad marroquíes de los subsaharianos que no superan las dos vallas que separan Melilla del reino alauí y por tanto quedan atrapados en la zona intermedia o en lo alto de la alambrada exterior.

El coronel jefe, que ha estado acompañado por el segundo jefe de la Comandancia Arturo Ortega y por el Cabo Javier Ferrón --el miembro de los GEAS condecorado por salvar a una mujer subsahariana embarazada y su hijo de corte edad del fondo del mar cuando cayeron de una patera cerca de Melilla--, ha mostrado "su confianza absoluta" en la Justicia y en la decisión que adopte el magistrado Emilio Lamo de Espinosa.

El alto mando se ha mostrado confiado en su "absolución" porque ha reiterado que no ha cometido ninguna ilegalidad tras dictar la orden 'Dispositivo anti-intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras' que permite el rechazo de los inmigrantes irregulares que no superan las vallas de los nueve kilómetros de perímetro fronterizo, al entender que no han entrado en territorio nacional.

Martín Villaseñor ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido desde que se conociera su imputación el 15 de septiembre, no sólo del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Melilla Abdelmalik El Barkani, también "de mucha gente, incluso de personas que ya tenía casi olvidadas".

Tras la declaración de este viernes, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa, tendrá que decidir si pasa al Jefe de la Guardia Civil de Melilla a la situación de procesado o le absuelve, dejando sin efecto su imputación.

Los hechos

El responsable de la Guardia Civil en Melilla ha declarado por los hechos ocurridos el 18 de junio y 13 de agosto de 2014 cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla y fueron "entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería", tampoco el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos.

Según detalla el auto, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla "dicta la orden 'Dispositivo anti-intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras' y es la persona al mando del dispositivo". Se le imputa para esclarecer "si se llevaron a cabo entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción penal".

Se trata de un paso más en las diligencias incoadas el pasado mes de agosto cuando, ante la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, el juzgado comenzó a investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de la Guardia Civil durante las devoluciones de inmigrantes en Melilla del 18 de junio.

El juzgado pidió información entonces a la Guardia Civil, que en un profuso documento detalló que se había aplicado aquella noche un "concepto operativo" de frontera que viene funcionando desde 2005 y según el cual, "sólo se consuma definitivamente" la entrada en territorio nacional cuando el inmigrante supera "la valla interna" y "rebasa la línea de vigilancia y contención establecida".

El mismo "concepto operativo" dice, tal y como recoge el auto, que "en todo caso, los inmigrantes que, rebasando las líneas de vigilancia y contención establecidas consuman su entrada ilegal en territorio nacional y son interceptadas por la Guardia Civil (...) son entregados mediante la correspondiente diligencia al Cuerpo Nacional de Policía" en línea con la Ley de Extranjería.

El magistrado dice que con este "concepto" que aplica la Guardia Civil coexisten dos ideas de frontera, una "de naturaleza jurídica" y otra "de naturaleza operativo o funcional". "El primero, se acomoda a los tratados suscritos entre España y Marruecos mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político o de simple operatividad policial", señala el auto.

Con todo, los vídeos aportados por las ONG en la querella, demuestran que "varios ciudadanos subsaharianos son entregados por agentes de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes" a través de la puerta de servicio de la valla "sin que conste que los mismos fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional", conforme detalla el auto del juzgado.

Por eso, aún "si se acepta como válido el concepto operativo de frontera", los ciudadanos subsaharianos "habrían llegado incluso a sobrepasar la totalidad del perímetro fronterizo, el doble vallado, atravesando la valla interior, entrando irregularmente en territorio español", lo que, según el juez, "habría obligado a aplicarles la legislación de extranjería".