Doce años después de la muerte de José Couso, EEUU sigue sin colaborar

El magistrado no ha obtenido respuesta de Estados Unidos sobre este caso, pero tampoco del Ministerio de Justicia, después de que en enero de 2014 pusiera en su conocimiento la falta de cooperación y el posible incumplimiento del tratado bilateral de extradición suscrito por ambos países.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 reclamó al Ejecutivo --a través de Justicia-- que adoptara las medidas que considerara "oportunas", después de que los abogados de la familia de Couso denunciaran el incumplimiento del tratado. Para Pedraz, la responsabilidad de que se cumplan los tratados bilaterales es del Gobierno.

El órgano judicial solicitó después acuse de recibo de su escrito al Ministerio de Justicia, lo que el departamento hizo en febrero sin aportar más información sobre el caso. Desde entonces y cuando ha pasado más de un año, el magistrado no ha obtenido ninguna noticia desde el departamento ministerial.

"Se vislumbra que, efectivamente, las autoridades norteamericanas no han cooperado con las españolas de la manera en que se especifica en los tratados bilaterales", señaló en su momento el juez, que no obstante aseveraba que "ello no habilita a los juzgados a inmiscuirse en temas de política criminal internacional y cumplimiento o no de los Tratados internacionales, quedando esta facultad en manos de las autoridades políticas (Gobierno de la nación y Cortes Generales)".

SABÍAN QUE ERA UN CENTRO DE PERIODISTAS

El magistrado cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 en la que solicitaba la filiación y el domicilio de la sargento Adrienne Kinne, a fin de poder tomarle declaración como testigo en el procedimiento en el que se investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad.

En el programa de televisión 'Democracy Now', dirigido por la periodista Amy Goodman, a la que el juez también quería interrogar, Kinne aseguró que sabía que el hotel Palestina era objetivo potencial por parte del Ejército norteamericano.

En la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden del Tribunal Supremo, se encuentran procesados y bajo orden de busca y captura el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional en concurso con un homicidio.