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JpD exige al CGPJ y a Torres-Dulce que tomen medidas para que cesen las "presiones" contra el juez Castro

Cree que el fiscal pone en duda dar la instrucción de los delitos al Ministerio Público y que presente recurso si no está de acuerdo
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que adopten todas las medidas que sean necesarias para que cesen las "presiones" contra el juez del 'caso Nóos', José Castro.
La asociación de jueces y magistrados ha denunciado en un comunicado las "presiones de todo tipo, los seguimientos y el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación " que ha sufrido Castro, así como los "ataques" que ha recibido por parte del fiscal Pedro Horrach, quien le ha acusado de apoyarse en una "teoría conspiratoria absurda y denigrante" para avalar la imputación de la Infanta Cristina.
"Si la Fiscalía está en desacuerdo con el auto de imputación de la Infanta Cristina, lo que debe hacer es presentar el correspondiente recurso", ha explicado la asociación, para considerar inadmisibles las "descalificaciones e insinuaciones veladas" hacia el juez instructor.
RECELO DE LA CIUDADANÍA AL MINISTERIO FISCAL
Jueces para la Democracia ha advertido de que este tipo de "presiones" no despiertan la confianza de los ciudadanos en el "recto y autónomo" funcionamiento del Ministerio Público y hace ver con "justificado recelo" la atribución al fiscal de la dirección de la fase de investigación de los delitos, como propone la futura reforma del la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Este tipo de observaciones de la Fiscalía contribuyen de forma injustificada a erosionar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema judicial", ha destacado la asociación, para añadir que es especialmente reprochable esta actitud si procede de un órgao público que debe actuar con "respeto institucional" hacia la actuación independiente de un magistrado.
La asociación judicial ha valorado la independencia y el "esfuerzo profesional considerable" del juez Castro en una instrucción de gran complejidad en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias y delitos societarios.