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JpD advierte de que el TTIP desprotege a los trabajadores y el tribunal de arbitraje "usurpa" funciones estatales

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha censurado el "secretismo" de las negociaciones sobre Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP y ha advertiido de que puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del "abaratamiento de la mano de obra", la desprotección de los derechos laborales y las prestaciones sociales.
También califica de "alarmante" que el nuevo marco jurídico se apruebe sin la participación de la ciudadanía y limite de manera "muy sensible" la capacidad legislativa de los Estados. Pone además de relieve la "preocupación" que está provocando en materia ambiental como consecuencia de las diferentes regulaciones agroalimentarias en Europa y Estados Unidos.
Además, ha rechazado la iniciativa de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría "parte" de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos para asumir competencias en el ámbito civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras. "Representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo", añade.
En este sentido, advierte de que la naturaleza de este tribunal especial puede repercutir de manera "muy negativa" en los derechos laborales, en los derechos de los consumidores y en las normas de protección del medio ambiente. Por ello, aboga por solucionar los conflictos jurídicos derivados de la aplicación del tratado por los órganos judiciales nacionales y europeos.
"No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo", prosigue en un comunicado.
De este modo, JpD cree que las pérdidas de soberanía "no se encuentran justificadas y obedecen a razones económicas que no resultan acordes con el interés general".
"Rechazamos la vulneración de principios básicos del Estado de Derecho que se puede producir con el tratado. Y expresamos nuestra voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTI", concluye.