Jueces para la Democracia denuncia presiones de la CEOE a la judicatura por la reforma laboral de 2012

La patronal se ha pronunciado sobre este tema en su Informe sobre Singularidades socioeconómicas del mercado laboral español, en el que --dice JpD-- se acusa a los jueces de forzar la voluntad del legislador e interpretar la ley en sentido contrario a ésta, lo que genera inseguridad jurídica.

En opinión de la asociación progresista el texto adolece de una deficiente técnica legislativa y está lleno "de lagunas y contradicciones". Explica que el malestar de una parte muy significativa de la población ha generado "una alta judicialización", sin que la planta de jueces y los medios humanos materiales para el funcionamiento de la justicia se hayan incrementado.

"Pese a ello, una parte muy significativa de la carrera judicial ha hecho un esfuerzo ímprobo para dar respuesta a lo que los ciudadanos nos reclaman legítimamente", indica en una nota de prensa.

DESESTIMADAS LA MITAD DE LAS DEMANDAS

JpD rechaza las interpretaciones judiciales forzadas y aclara que los Tribunales Superiores de Justicia han dictado a lo largo de los años 2012 a 2014 un total de 237 sentencia sobre despidos colectivos, de las que se han estimado 107 y 130 han sido desestimadas. Por tanto, un cincuenta y cinco por ciento de las demandas de despido colectivo en ese ámbito han sido desestimadas.

En cuanto al TS, hasta la fecha ha dictado 79 sentencias, con 11.900 trabajadores afectados, de las cuales se han declarado ajustados a derecho 31; no ajustadas a derecho 9 y nulos 18. Indica, además, que el 1,2 por ciento del total de extinciones de dicha índole efectuadas en el período de referencia expuesto han tenido una sentencia en la que se declara la nulidad o su condición de no ajustada a derecho. El resto de despidos o no han sido impugnados o han sido validados jurisprudencialmente.

En su opinión las críticas representan una presión a los magistrados para que se decanten a favor de una de las partes, y no, precisamente, la que menos poder contractual tiene. "Lo que se pretende es eliminar cualquier atisbo de control sobre el poder empresarial", agregan.