Jueces británicos acusan a EEUU de ocultar pruebas de tortura en Guantánamo

En la resolución de una vista celebrada a puerta cerrada, los magistrados no divulgaron las evidencias porque las autoridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña si se hacían públicos los detalles.

Los jueces también indicaron que los abogados que en el caso representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, indicaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.

El recluso en cuestión es el etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de cuatro años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista Al Qaeda para atentar contra civiles.

En el auto, los jueces John Thomas y David Lloyds Jones, afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo "embarazoso que puedan ser políticamente".

Thomas y Jones señalan que no tenían "ninguna razón" para vislumbrar que "se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el Gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información inteligencia" con el Ejecutivo de Londres si difundían una parte "limitada pero importante" de las pruebas.

Desde Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, Gordon Brown, un portavoz dijo no tener conocimiento de una amenaza de la Administración de Obama para cancelar la cooperación antiterrorista con el Reino Unido.

"No hemos tratado con la nueva Administración (de EEUU) sobre los detalles de este caso", aseguró el portavoz al remarcar que Londres y Washington tienen "una muy sólida relación en asuntos de inteligencia" y "eso continuará".

Con conocimiento de la resolución judicial, el diputado conservador David Davis, ex portavoz de Interior del principal partido de la oposición, pidió en el Parlamento explicaciones al Gobierno.

Según Davis, el auto sugiere que el Reino Unido fue cómplice de las supuestas torturas infligidas a Mohamed, por lo que exigió que el ministro de Exteriores haga una declaración tan pronto como sea posible para "explicar qué demonios está pasando".

El parlamentario "tory" subrayó que David Miliband tiene que aclarar el "nivel de complicidad" de las autoridades británicas en las presuntas torturas.

El pasado agosto, Mohamed ya ganó una batalla legal al dictar el tribunal Superior que el Gobierno británico debe desclasificar información que el preso reclama como prueba de que sufrió torturas.

El etíope argumentó en aquella ocasión que los documentos del Gobierno británico apoyan su tesis de que las pruebas presentadas contra él se obtuvieron mediante tortura.

Los jueces Thomas y Lloyds Jones fallaron entonces que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) debe "desclasificar en confianza" información que "no sólo es necesaria, sino esencial" para la defensa del sospechoso.

Ambos magistrados también dijeron que el MI5 (servicio de espionaje interior británico) había participado en interrogatorios ilegales de Binyam Mohamed.

El abogado de Mohamed, Clive Stafford, director también del grupo pro derechos humanos "Reprive", indicó hoy que los gobiernos estadounidense y británico "tienen la obligación" de investigar y no eliminar las pruebas sobre presuntas torturas.

Por su parte, Shami Chakrabarti, directora de la organización defensora de los derechos civiles "Liberty", reclamó al Gobierno británico una "investigación pública inmediata" acerca del papel del Reino Unido en el caso.

Mohamed vino al Reino Unido en 1994 como refugiado y llegó a trabajar como conserje en Londres hasta 2001, cuando viajó a Afganistán y Pakistán para resolver su adicción a las drogas, según alegan sus abogados.

El etíope fue detenido en 2002 en Pakistán y, según sostiene, fue trasladado por la CIA de EEUU a una cárcel de Marruecos, donde asegura que pasó dieciocho meses y padeció torturas.

En 2004, Mohamed fue conducido a Afganistán, país desde el que se le transfirió a Guantánamo, donde es actualmente el único preso con derecho a retornar al Reino Unido.