Jueces, fiscales, abogados y consumidores se unen en defensa de la Justicia

El desacuerdo a las nuevas leyes en Justicia ha sido prácticamente unánime por parte de los colectivos profesionales que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo pero también el servicio que se presta al ciudadano.

El Consejo General de la Abogacía Española acogerá este evento previo a las concentraciones convocadas para el miércoles al mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales. Ese día, los magistrados llevarán a cabo un paro de una hora ante los juzgados y tribunales de todo el país.

El evento, que lleva por lema 'Acto Público de Defensa de la Administración de Justicia', reunirá a las siete asociaciones de jueces y fiscales y a la 'Plataforma Justicia para Todos', constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT, CCOO, USO y CSI-F.

Justicia de "dos velocidades"

Entre las reformas que han soliviantado a los profesionales de la Justicia, se encuentra la ley de tasas judiciales, que eleva hasta 1.200 euros el precio por interponer un recurso de casación en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo.

Así lo explica a Europa Press el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, que entiende que se crea una Justicia de "dos velocidades" que perjudica a la clase media.

A su juicio, los colectivos profesionales, con distintos intereses, se unen por primera vez como un "ejercicio de responsabilidad" ante los proyectos que, "lejos de mejorar la Justicia, van a causar graves perjuicios para el ciudadano".

Otras de las medidas que han provocado el rechazo de los togados es la ley que supone la práctica supresión del número de jueces sustitutos y reduce los permisos, con un consiguiente aumento de la carga de trabajo para los magistrados titulares.

Reforma del Registro Civil

Los planes de Gallardón en la Reforma del Registro Civil también ha sido criticada por sindicatos y asociaciones, como el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), que advierten de una "privatización" y denuncian que el ciudadano pagará por servicios que hasta ahora eran gratuitos.

Miembros de la Carrera Judicial, la Carrera Fiscal o secretarios judiciales también han alzado la voz contra el drama de los desahucios y han planteado la suspensión de los desalojos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales pide derogar la Ley Hipotecaria para aprobar una nueva norma que prevea fórmulas como la dación en pago.