CASO MALAYA

Julián Muñoz niega haberse lucrado con operaciones urbanísticas

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha negado hoy ante el juez instructor del "caso Malaya", Óscar Pérez, haberse lucrado económicamente al recibir dinero por la aprobación de las operaciones urbanísticas "Ave María" y "Francisco Norte", según han señalado a Efe fuentes jurídicas.

Muñoz ha prestado declaración indagatoria en relación con su imputación por los delitos de fraude, cohecho y prevaricación referentes a las citadas operaciones urbanísticas, unos hechos que se investigaban en una pieza separada y que se han unido a la causa principal en virtud de un segundo auto de procesamiento dictado recientemente por el juez.

El ex alcalde se ha ratificado en su primera declaración por este asunto, por el que compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en junio de 2008, ante el que negó haber participado en la negociación y tasación de los dos convenios, aunque reconoció haberlos firmado como alcalde accidental.

En relación con el convenio de la parcela "Ave María", Muñoz ha reiterado la necesidad de contar desde 1999 con un vertedero, dado que el de "La Mina" se encontraba saturado, y ha insistido en que la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía "reclamaba insistentemente" la obtención de terrenos para este uso.

En relación con la operación del "Francisco Norte", ha recordado que se elaboró un convenio tras distintas reuniones con asociaciones vecinales que dejaba sin efecto la edificabilidad concedida en un convenio anterior y mantenía el uso deportivo de la parcela, han apuntado a Efe fuentes de las defensas de otros procesados.

La comparecencia de Muñoz ante el juez ha durado alrededor de diez minutos, según las mismas fuentes, aunque el ex alcalde ha permanecido alrededor de dos horas en las dependencias judiciales de Marbella.

También han prestado hoy declaración indagatoria el empresario Javier Arteche, el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y los ex concejales Tomás Reñones y Marisa Alcalá, mientras que el ex edil José Luis Fernández Garrosa, que estaba también citado para declarar, no se ha personado en las dependencias judiciales.

En el auto de procesamiento, el juez señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en 2002 con CCF 21, propiedad de los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, por el que, a cambio de una finca, cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros, cantidad en la que cifra el juez el perjuicio a las arcas municipales.

El auto establece además que días después de ratificarse la permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad de Roca se refleja un pago por importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo "J.A.", existiendo "la sospecha de que pueda corresponder a Javier Arteche", y dos entregas de dinero a "J.M.", iniciales que podrían ser de Julián Muñoz.

Sobre las operaciones de la parcela "Francisco Norte", el juez indica que el Ayuntamiento suscribió en 1996 un convenio de permuta por el que entregaba a Proinsa, propiedad de Arteche, dicha finca, valorada en más de tres millones de euros.

A cambio, la empresa entregaba al Consistorio una parcela valorada en casi 1,2 millones de euros, 1.800 metros cuadrados de las viviendas que se construyeran y más de 420.000 euros por la licencia de obras.

La parcela que aportaba Proinsa en el acuerdo, según resalta el instructor del caso, la adquirió la sociedad el mismo día de la firma del convenio por algo menos de 720.000 euros a la empresa Cumana, propiedad de Roca, que a su vez la obtuvo un año y medio antes por más de 438.000 euros.

De esta forma, Roca logró una ganancia de unos 270.000 euros en dieciocho meses y Arteche un beneficio económico de cerca de 240.000 euros en un solo día, según establece el juez.

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