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Dos ex altos cargos de la Junta andaluza piden al juez una fianza a Manos Limpias ante posibles perjuicios en los ERE

Dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía han solicitado al juez Álvaro Martín que imponga una fianza "bastante" y "suficiente" a Manos Limpias para "responder de los perjuicios" que pudiera suponerles el sostenimiento de la acusación popular por parte del sindicato en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de estos dos ex altos cargos solicita al magistrado que imponga a Manos Limpias una fianza "acorde con los perjuicios de los que habría de responder ante el supuesto de eventuales sobreseimientos y absoluciones, teniendo en cuenta el número de partes procesales y elevadísimas cuantías objeto de investigación".
Asimismo, reclama al instructor que, hasta resolver dicha petición de fianza, suspenda la tramitación del recurso de apelación presentado por Manos Limpias ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que pide que vuelva a imputar a 15 de los 24 ex altos cargos de la Junta a los que exculpó el juez en el auto donde procesó a otros 26, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El abogado de estos dos ex altos cargos --uno de los cuales ha sido procesado, mientras que contra el segundo se ha archivado provisionalmente la causa-- manifiesta que Manos Limpias "ha venido ejercitando sus derechos como acusación popular sin imposición de fianza, siendo parte procesal no perjudicada por la presunta actividad delictiva objeto de investigación".
Al hilo de ello, añade que, en dicha situación, el sindicato "ha venido permaneciendo durante toda la instrucción hasta la reciente culminación de la misma" y su transformación mediante el auto de procedimiento abreviado de fecha 31 de mayo, aseverando que, tras el dictado de este auto, "la situación debe reevaluarse".
Y es que, a su juicio, la posición procesal que a partir de ésta fase intermedia adopte el sindicato "determinaría graves perjuicios" para sus patrocinados si la acusación finalmente "deviniere injustificada, impropia, abusiva o procesalmente irreflexiva, mediante el eventual dictado de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento parcial a su favor", lo cual ha ocurrido en el caso de uno de sus clientes.
El abogado considera que esta situación "ya pudiere estar produciéndose a la luz" del recurso de apelación presentado por Manos Limpias, en el cual, "mediante un literal corta-pega de la exposición razonada" que la juez Mercedes Alaya elevó al Tribunal Supremo, "postulan la revocación del auto para que parte de aquellos investigados sobreseídos sean finalmente procesados".
Según sostiene, el sindicato emplea en su recurso "argumentos jurídicos y fácticos literales" contenidos en dicha exposición razonada, "completamente desfasados tras el transcurso de dos años de instrucción, despreciando por completo el acervo probatorio introducido desde entonces y sobre todo sin el menor esfuerzo intelectivo, copiando de manera expresa y literal párrafos concretos de elementos fácticos que a día de hoy han sido plenamente superados por la pléyade de diligencias refutatorias que han determinado que el instructor haya sobreseído parcialmente las actuaciones para un buen número de investigados".
En esta línea, el abogado dice que "no es objeto del presente escrito combatir" el recurso de apelación de Manos Limpias "pero sí ejemplificar con tan anómala y extravagante actuación procesal para convencer a la juzgador de la oportunidad de imponer fianza a quien de manera objetiva, a día de hoy, está en condiciones de producir perjuicios que quizás en fases anteriores no se consideraran, siendo cierto que dicha posibilidad jurídica es contemplada con naturalidad por la jurisprudencia" de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.