Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El juez pide a la Junta las subvenciones de formación concedidas a UGT de Andalucía de 2009 a 2013

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha dictado una providencia en la que requiere a la Junta de Andalucía para que "identifique a la mayor brevedad todos y cada uno de los expedientes correspondientes a subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación de 2009 a 2013 y que tengan como beneficiaria a la entidad UGT Andalucía".
En la providencia, fechada el pasado 3 de octubre y consultada por Europa Press, el magistrado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, reclama igualmente a la Junta que "indique la localización física de dichos expedientes a fin de realizarse la oportuna pericial", todo ello "sin perjuicio del resultado que ofrezca el análisis en trámite de la documentación incautada en las diferencias diligencias de entrada y registro practicadas" en el marco de la investigación.
La existencia de esta providencia ha sido desvelada este jueves ante el Pleno del Parlamento por el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, durante su 'cara a cara' con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al gobierno.
PP-A A DÍAZ: "USTED YA ERA PRESIDENTA"
Rojas ha trasladado a Díaz que la solicitud del Juzgado de Instrucción número 9 se extiende hasta el año 2013, "en el que usted ya era presidenta de la Junta", por lo que ha defendido que "tiene que asumir responsabilidades" porque "esto no es pasado, es presente, está pasando y le está pasando a usted".
En su turno de réplica, Díaz ha reivindicado en primer lugar que es "implacable contra la corrupción y aquí quien la hace la paga", ha preguntado al PP-A "si ustedes hacen la décima parte de lo que hacemos aquí allí donde ustedes gobiernan" y se ha mostrado convencida de que "si tuviera algo que aportar, no traería aquí fango, fango y fango cada jueves, pero lamentablemente cada uno trae aquello a lo que se dedica el resto de la semana".
"Me ha dicho que desde el 2011 no existen (las convocatorias de políticas activas de empleo), ¿cómo me van a pedir hasta 2013?", se ha preguntado la presidenta de la Junta, que ha apuntado que el PP-A "quizás tenga más información que este Gobierno de lo que están haciendo desde los tribunales en Andalucía".
A PETICIÓN DEL IMPUTADO FEDERICO FRESNEDA
Con esta providencia, el magistrado atiende la petición realizada por la defensa del exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, imputado en la causa y que solicitó la entrega de dichos expedientes al entender que "en los mismos existía legalmente un tanto por ciento de la cantidad del mismo con un máximo del 20 por ciento al que se podían aplicar gastos directos y costes asociados", en alusión a la Orden de 13 de octubre de 2009, que regula el decreto 335/2009.
En su escrito, la defensa de Fresneda realizó esta petición "para poder contrastar las facturas" existentes en los "informes-atestados" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las cuales "por empleados del sindicato y a través de correos electrónicos se había solicitado el cambio del texto a los proveedores con remisión del cargo a estos programas".
Todo ello, según exponía en su escrito el letrado de Federico Fresneda, "al objeto de comprobar si están bien aplicadas las correspondientes facturas en las que se modificó el texto para aplicarlas a un programa subvencionado y aclarar si son falsas o no, o si están bien o mal aplicadas", ya que "en la imputación de cualquier delito no se puede generalizar, sino concretar el mismo directamente, ya que en caso contrario se crearía indefensión al imputado del delito".
No obstante, el instructor rechaza el resto de peticiones realizadas por el abogado del imputado, como que se oficiara a distintas entidades bancarias --BBVA, Caixabank y Caja Granada-- para que indicaran los préstamos otorgados entre los años 2009 y 2013 a UGT-A "con la garantía de las subvenciones concedidas por la Junta" al sindicato, o que se oficiara tanto a la Junta como a UGT-A para que aportaran al Juzgado todos aquellos expedientes que administrativamente se estén reclamando por la Junta a UGT-A y aquellos en que el sindicato "ha devuelto cantidades" a la Administración autonómica.
En la providencia, el magistrado no entiende "pertinente" la práctica de estas últimas diligencias porque, según recuerda, en este caso se está investigando "la presunta existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y diferentes proveedores, a fin de que, de forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato vías de financiación para la práctica de acciones propias del mismo, vías que son distintas del destino que los fondos deberían haber tenido, en concreto la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado, según subvenciones públicas recibidas".
"Todo ello sin perjuicio de que, una vez conste el autos el resultado de la diligencia primeramente acordada, y del análisis de la documentación incautada, sea procedente valorar de nuevo la pertinencia de la documental" solicitada, pone de manifiesto el juez instructor.