Justicia reabre el diálogo con el Colegio de Registradores Mercantiles para que gestionen el Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reabierto el diálogo con el Colegio de Registradores Mercantiles y Bienes Muebles de España con el fin de crear una comisión mixta encargada de la reforma del Registro Civil, el cual será gestionado por registradores mercantiles y garantizará la "gratuidad de los servicios que requieran" los ciudadanos.

Catalá se ha reunido este viernes con representantes del Colegio de Registradores Mercantiles y Bienes Muebles de España a quienes ha manifestado que el Estado mantendrá la titularidad estatal de los datos registrales y garantizará su "máxima protección", según ha informado el Ministerio de Justicia.

Las conversaciones entre ambos organismos se aparcaron durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, quien otorgó la gestión de este servicio a los registradores mercantiles y concedió el sistema informático a una Corporación Pública intermedia y no al propio Colegio que representa a todos los profesionales, algo que mereció el reproche del Consejo de Estado y que será corregido por el actual equipo de Justicia.

Catalá defiende la idea de su antecesor de encomendar a los registradores mercantiles el Registro Civil al entender que son funcionarios públicos, aunque retribuidos por aranceles y no por nómina. El PSOE aprobó en 2011 una reforma que desjudicializaba este servicio, si bien no concretaba qué empleados públicos se encargarían del mismo, entre quienes se ofrecieron los secretarios judiciales.

El Registro Civil protagonizará algunas de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que se están desarrollando mediante reformas legislativas remitidas a las Cortes. Entre ellas figura la que permitirá la tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de los nacimientos como de las defunciones.

Los sindicatos han advertido de que no todos los empleados que trabajan en las oficinas registrales tienen carácter de funcionarios públicos, según ha corroborado la doctrina del Tribunal Supremo, y temen que, aunque la titularidad de los datos sea estatal, la gestión de los mismos esté en manos de trabajadores del ámbito privado y la información que recoge los datos más íntimos de todos los españoles pueda ser objeto de alguna utilización irregular, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.