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Justicia estudiará las "circunstancias" de los policías del Faisán pese a la negativa del Fiscal a su indulto

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que su departamento estudiará las "circunstancias particulares" que concurren en la petición de indulto de los dos policías condenados por el 'caso Faisán' pese al informe de la Fiscalía en contra de concederles la medida de gracia.
Al ser preguntado antes de clausurar el 'Legal Management Forum 2014' si el Ministerio de Justicia puede informar a favor del indulto del comisario Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros a pesar del informe contrario del Ministerio Público, Catalá ha respondido que podrá estudiarse cada caso para "identificar sus circunstancias particulares". "Valoraremos las circunstancias que concurren en este caso", ha añadido.
Tras recordar que el Gobierno está haciendo un uso "muy restrictivo" de la concesión de medidas de gracia, el ministro ha recordado que se piden informes al tribunal sentenciador, a la Fiscalía y a los ofendidos o lesionados que pueda haber.
"Si no concurren esos informes generalmente no los tramitamos pero estudiamos cada caso para intentar identificar las circunstancias particulares de cada uno. Los estudiaremos y valoraremos las circunstancias que concurren en este caso", ha afirmado sobre la petición de indulto de los policías del Faisán, quienes solicitaron el indulto con el apoyo de centenares de firmas e invocando su trayectoria en la lucha contra el terrorismo.
De momento, ya se sabe que la Fiscalía se ha opuesto al indulto solicitado por el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, condenados a una pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por dar el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En dos escritos firmados por el fiscal jefe Javier Zaragoza, el Ministerio Público considera que la condena impuesta a ambos agentes no resulta "desproporcionada" ya que la acción delictiva de la que fueron considerados culpables "representa una quiebra de los deberes de reversa y fidelidad impuestas por la ley por su condición de funcionarios públicos".
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional debe emitir su informe sobre la concesión de la medida de gracia, mientras que el Tribunal Constitucional debe analizar también la sentencia.