Juzgan este viernes a dos de los ocupas de la Corrala Utopía de Sevilla por presunta usurpación

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla tiene fijados para este viernes dos juicios, al objeto de resolver las causas incoadas contra dos de las personas que habitaron sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja. Se trata de dos varones miembros del colectivo bautizado como Corrala Utopía, imputados y después procesados por un presunto delito de usurpación.

Ana Isabel Segado, la abogada que asiste a ambos, ha informado a Europa Press de que se trata de dos juicios señalados en ambos casos este viernes, uno a las 11,15 horas y el siguiente a las 11,30 horas. Maximiliano y Jesús, según detalla, se enfrentan a una petición de 720 euros de multa por un presunto delito de usurpación por parte de la Fiscalía, mientras Ibercaja se habría retirado del procedimiento, según la abogada.

Así las cosas, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y la diputada y exconsejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, han anunciado su asistencia a una concentración convocada a las puertas de los Juzgados para respaldar a los miembros de la Corrala. Cabe recordar que tanto Maíllo como Cortés han pedido públicamente la absolución de todas las personas imputadas por esta acción al entender que con este proceso judicial "se está tratando únicamente de criminalizar la lucha social por el derecho a la vivienda".

Los parlamentarios de IU quieren apoyar a las vecinas de la Corrala y "rechazar" lo que a juicio de la organización es "un intento por perseguir a un colectivo vulnerable que ha sido capaz de situar en el centro del debate público la problemática de la vivienda y la necesidad de afrontar con urgencia la situación de emergencia habitacional existente en la actualidad".

LA CORRALA

El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de Ibercaja, fue consumado en abril de 2014 tras casi dos años en los que este grupo de personas, bautizado como la Corrala Utopía, protagonizó numerosas movilizaciones y negociaciones con la propiedad de las viviendas y las instituciones. Estas actuaciones corrieron paralelas a la causa judicial incoada por el juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, como consecuencia de las acciones legales emprendidas por Ibercaja, propietaria de las viviendas a través de la sociedad 'Residencial Murillo'.

El desalojo policial de las viviendas, como se recordará, motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida entonces por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados dado el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios entonces en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento de Sevilla un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

EVALUACIONES SOCIALES

Finalmente, las nuevas evaluaciones de la situación socioeconómica de estas personas elaboradas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejaron que ocho de las personas o familias evaluadas se encontraban en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual según la Junta ya justificaba "plenamente" su realojo provisional; y siete atravesaban una situación "deficitaria o de exclusión social", con lo que la Consejería de Fomento y Vivienda daba por avalados los realojos provisionales ya consumados y acometía los que tenía pendientes.

Después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) zanjó sin consecuencias una denuncia de Manos Limpias contra la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, considerando que estos realojos "no están inspirados por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial".