Lamela mantiene su competencia para investigar los disturbios de Pamplona como delitos de terrorismo

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mantiene su competencia como instructora de los disturbios que tuvieron lugar el 11 de marzo en Pamplona, por los que detuvieron a cuatro personas, e insiste en que estos hechos hay que investigarlos bajo los delitos de terrorismo.

Esto ocurre después de que Lamela, a finales del mes de marzo, afirmó que asumía la investigación de este caso, al entender que se enmarcan en una presunta conducta terrorista, a la vez que ordenó devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital navarra, que fue el que inició la investigación sobre los incidentes, hasta que la inhibición de éste fuese firme.

Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra consideró que los disturbios provocados en Pamplona no son constitutivos de un delito de terrorismo, por lo que revocó la decisión de Lamela de que el juzgado navarro remitiese la investigación a la Audiencia Nacional.

Ahora, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha rechazado este jueves en un auto el recurso de reforma presentado por tres de los detenidos, que se encuentran en prisión, a las resoluciones en las que Lamela asumía la causa y ratificaba su competencia.

La juez de la Audiencia Nacional reitera en su auto que los hechos que ocurrieron aquel día en la ciudad navarra son competencia de la Audiencia Nacional ya que no es necesario que los presuntos autores estén integrados en bandas armadas o grupos terroristas. Según explica, es suficiente que "estén relacionados con elementos terroristas" y según dice aún no se puede excluir esta sospecha porque los manifestantes lanzaron consignas como "Borroka da bide bakarra" ("la lucha es el único camino"), "Gora ETA" o "Euskal presoak".

NIEGA QUE SEA UN "ACTO AISLADO"

La magistrada discrepa en esta resolución que los disturbios están lejos de ser considerados "un acto aislado de desórdenes públicos", como lo calificaban los recurrentes. Para Lamela, fue un "conjunto de las acciones --provocados por la iniciativa 'Errepresioari Autodefentsa"-- llevadas a cabo por los violentos contra personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios, comercios y mobiliario urbano, siendo la actuación de todos ellos lo que provocó la grave alteración de la paz pública".

Además, subraya que estas actuaciones, además de la formación de barricadas, quema de contenedores, el lanzamiento de piedras y botellas contra la Policía en varias calles del Casco Antiguo de Pamplona-- "pusieron en peligro la integridad" de los funcionarios de policía y de ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos.

Asimismo, Lamela considera "obvio" que los detenidos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se pusieron de acuerdo con el resto de las personas violentas, "surgiendo una coautoría". El alto tribunal afirma que cuando varias personas toman parte y deciden conjuntamente la "fase ejecutiva" de un acto, se entiende que se da un supuesto de "división de trabajo".