Lara afirma que los consejeros de IU que utilizaron tarjetas B "hace tiempo que no son de IU"

El diputado ha asegurado que "nadie tiene derecho a destruir el patrimonio de valores de esta organización por los que tanta gente ha dado, da y seguirá dando lo mejor de su tiempo y generosidad" ni "poner en peligro el trabajo y esfuerzo de tantos años" de la formación.

Lara ha exigido que haya "luz completa" sobre este asunto en lo que dependa de la formación, "caiga quien caiga", ya que los implicados y los responsables directos deben asumir todas sus responsabilidades. "El que haya metido la mano tiene que pagar", ha sentenciado antes de admitir que "no le temblará la mano para pedir disculpas" si tiene que hacerlo.

Durante la reunión de la ejecutiva federal de IU, el diputado ha señalado que lo ocurrido con las tarjetas opacas "da la razón" a la propuesta en la que su partido pidió "hace dos años" la constitución de una comisión de investigación parlamentaria para averiguar la "inmensa estafa" que se había producido en las entidades financieras y qué papel jugaron las instituciones implicadas.

Lara ha recalcado que el Partido Popular se opuso en varias ocasiones a crear dicha comisión, lo que llevó a la formación a presentar una querella criminal contra todos los consejos de administración de BFA-Bankia, incluyendo a los que fueron representantes de IU. Además, ha añadido que "si el asunto se hubiera investigado en el Parlamento los daños hubieran sido menores".

El diputado ha recordado que la querella está en fase de recurso en los juzgados y en esta semana volverán a preguntar a Rajoy "si va a constituir la comisión de investigación". Además, ha indicado que el problema no son las tarjetas sino los 46.000 millones de euros públicos usados por ahora para tapar los agujeros".

En una reunión ejecutiva celebrada el pasado lunes, el partido acordó la constitución de una Comisión de Transparencia que hoy ha sido ratificada. "Debemos rendir cuentas a la militancia, a nuestros votantes y a la ciudadanía en general", aseguran en la resolución constituida para dilucidar "ya no solo las responsabilidades administrativas y penales", sino también las políticas que "en ningún caso" piensan eludir.