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Lesmes advierte que no acatar resoluciones judiciales "comprometerá la paz y la concordia"

El presidente del CGPJ a favor de restringir la acción popular y las puertas giratorias en la Judicatura
El presidente del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha advertido este miércoles, al ser preguntado sobre las manifestaciones celebradas en Cataluña contra las resoluciones del Tribunal Constitucional que el incumplimiento puede comprometer la paz y la concordia en nuestro país.
Lesmes se ha manifestado de este modo durante su intervención en un foro organizado por el diario El Mundo, donde ha querido "romper una lanza" por el Tribunal Constitucional, al que se ha referido como factor de "estabilidad institucional de nuestro país " "Merece respeto por parte de todos, gusten o no gusten sus resoluciones", ha dicho.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha insistido en que, en general, el acatamiento de las resoluciones judiciales "es un factor de concordia y convivencia" y que "si las empezamos a faltar la paz y la convivencia estarán comprometidas".
Ha recordado que, en todo caso, los tribunales disponen de "sistemas coactivos" para imponer sus resoluciones, ya que para ello pueden acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sobre el Tribunal Constitucional, Lesmes ha recordado que "ha sido dotado de instrumentos efectivos para hacer cumplir las resoluciones si éstas no fueran acatadas", si bien ha admitido que éstas "siempre lo han sido".
PASO JUECES A LA POLITICA
A lo largo de su intervención el presidente del CGPJ también ha sido preguntado sobre el acceso de jueces a la política y sobre la polémica surgida después de que el órgano que preside haya privado de su condición de magistrada del Tribunal Supremo a Margarita Robles tras pedir ésta una excedencia para presentarse de número dos por Madrid en las listas del PSOE para las elecciones del 26-J.
A este respecto, ha recordado que el debate sobre "las puertas giratorias" en los jueces tiene veinte años, cuando el juez Baltasar Garzón regresó a la Audiencia Nacional tras ostentar un cargo en el Gobierno de Felipe González.
En dicha ocasión, en 1996, la respuesta del legislativo fue restrictiva, se reformó la Ley para que un juez no pudiera ser más que director general, si llegaba a un cargo superior y volvía a la Judicatura pasaba a la excedencia.
Según Lemes, debe ser el Parlamento el que diga "dónde tiene que estar el limite", si bien reconoce que actualmente "la legislación es generosa a él le gusta más la que se adoptó en los años 90.
Sobre el caso de Robles, el presidente del CGPJ se ha limitado a señalar que se ha aplicado un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el 357, que señala de forma "taxativa" que un magistrado del Supremo pierde tal condición si coge una excedencia, porque se trata de una "magistratura en ejercicio", que se pierde si deja de ejercerse.
"Invito a los presentes a que vean el precepto", ha señalado Lesmes, tras explicar que los magistrados del Supremo están regidos por una norma diferente a la del resto de jueces.
"Se aprobó a instancia de los propios magistrados del Supremo, porque hace veinte años se veía muy mal que los magistrados se fueran a ejercer abogacía y luego volvieran, porque se entendió que se afectaba a la imagen y a la neutralidad de los magistrados, y por ello se impulsó una reforma", ha explicado Lemes, tras añadir que dicho "corsé" se compensó un una notable subida de las retribuciones en el Tribunal Supremo.
Sobre los nombramientos que realiza el CGPJ, Lemes ha reconocido que es una asunto de los que generan mayor quiebra en la percepción de imparcialidad entre la ciudadanía "aunque es más un problema de percepción que de realidad". Por ello, es partidario de que los nombramientos discrecionales sean restringidos y se vinculen al desarrollo de la carrera profesional.
Preguntado por los plazos para la instrucción que fija la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el presidente el Supremo ha incidido que el incumplimiento de estos plazos no conlleva en ningún caso que los procedimientos caduquen, y que debe entenderse más bien como un "mandato dirigido a los jueces para que justifiquen por qué no se cumplen, un estímulo para que se cumplan", y vencer así casos de "paralizaciones injustificadas en los procedimientos".
A preguntas del moderador, Lesmes se ha posicionado a favor de restringir la acción popular, aludiendo que, como se está viendo en recientes procedimientos -en clara alusión al 'caso Ausbanc'-
"a veces se usa para fines que no son la realización de la Justicia".
También se ha referido el presidente del CGPJ a que la "tendencia Universal" es a la instrucción por parte del fiscal, y ha reconocido que de cada 100 causas criminales 99 no tienen nada que ver con asuntos en los que pueda estar "comprometido" el interés del Gobierno. Otra ventaja sería la posibilidad de asignar a varios fiscales la investigación de una 'macrocausa', cosa que ahora no ocurre en el caso de los juzgados de Instrucción, donde sólo hay un juez.
Por otro lado, y sobre los cursos a los que acuden algunos jueces, ha recordado la postura ya dada a conocer por el CGPJ en el sentido de que los jueces tienen un régimen de incompatibilidades "muy riguroso", y que los cursos entran en el ámbito d ella docencia.
Sobre lo ocurrido en el caso de los cursos que organizaba Ausbanc, ha reconocido que "es fácil hacer juicios de reproche retrospectivos" si bien no se conocía lo que hacía dicha asociación de usuarios y no se veía ilícita. "Además no creo que por 300 euros un juez haya perdido su independencia", ha afirmado Lesmes. .
En su intervención inicial, Lesmes ha comparado la situación de España en materia de Justicia con la de otros países de nuestro entorno, que es "regular" en aspectos como número de jueces por habitante y recursos existentes si bien destaca en otros aspectos como lo garantista de las leyes, el nivel de acceso del ciudadano a los tribunales o la inversión en nuevas tecnologías.
Lesmes ha recordado que hay que tener en cuenta que la Justicia "tiene algo que ver con la riqueza y el progreso de un país", además de ser un instrumento de "paz, concordia y convivencia " y se ha preguntado "qué seria de nuestro país si no existieran unos jueces que combaten con eficacia la corrupción".
Finalmente, y sobre el CGPJ, ha reconocido que con el modelo actual "hay vocales con vocación de mayor participación y quizá no puedan realizarla" y que él es partidario de mantener la composición mixta entre jueces y juristas y limitar la discrecionalidad de los nombramientos en la cúpula judicial.