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La Ley de Seguridad Ciudadana inicia su curso en el Congreso tras rechazar el PP las nueve enmiendas a la totalidad

La oposición recurre a mordazas e imágenes de "brutalidad policial" para oponerse al texto durante el primer debate en el Congreso
El PP ha hecho efectiva su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para rechazar con sus votos las nueve enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. De este modo, el texto empieza su tramitación parlamentaria tras un debate en el que ha participado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha atravesado varios momentos de tensión.
Fernández Díaz se ha detenido en el capítulo de las sanciones para decir la ley "limita la discrecionalidad de la Administración" y ha glosado lo que ha calificado como "novedades garantistas". En ese sentido, ha dicho que "dentro de las sanciones graves y muy graves (hasta 600.000 euros), se dividirán en tres tramos (mínimo, medio y máximo) algo que no existe en la actualidad". "Dentro de cada grado, se individualizará la sanción a través de unos criterios recogidos en la Ley entre los cuales se incorpora la capacidad económica del infractor", ha añadido.
El político catalán se ha hecho eco de "otro asunto que ha tenido mucha repercusión" y que hace referencia a las manifestaciones no comunicadas que, según ha dicho, pasan de ser sancionadas como una falta grave a leve. Y las manifestaciones que sin ser comunicadas o prohibidas se realicen delante edificios como el Congreso o el Senado serán calificadas como graves aquellas que sin ser comunidades "además ocasionen perturbaciones graves de la Seguridad Ciudadana".
"Es un texto con mayor calidad jurídica", "tiene un perfecto encaje en la Constitución", "no se trata de sancionar más sino con mayores garantías",, "acaba con las redadas indiscriminadas", "pretende ser la ley de los derechos que unos ejercen, respetando la libertad de todos", "se mantienen las mismas cuantías en las sanciones que hace 23 años".... estos han sido algunos de los argumentos que ha esgrimido el ministro del Interior durante sus cerca de 30 minutos de intervención inicial.
CARGAS COMO "ÚLTIMO RECURSO"
También ha defendido que la disolución de las reuniones y manifestaciones será al el último recurso de la actuación policial, que "por primera vez se reconoce la exención de responsabilidades a menores de 14 años" o que de doce infracciones calificadas como muy graves en la actual ley vigente de 1992 se pasa a cuatro. Además hay 26 conductas calificadas como graves y 17 como leves.
Mientras que todos los grupos de la oposición argumentan que los órganos consultivos han criticado el proyecto, el ministro defiende que lo que han hecho ha sido "enriquecerlo" y afirma que se han tenido en cuenta el dictamen de órganos como el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo fiscal, el Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como entidades y asociaciones de especial sensibilidad en esta materia.
"El proyecto incorpora todas las observaciones esenciales realizadas por estos organismo y muchas que no son esenciales", ha destacado el ministro.
DEBATE PARLAMENTARIO
El diputado de ERC, Joan Tardá, abandonó la tribuna con gritos de "¡Esto es una vergüenza!, ¡Una vergüenza señor Fernández Díaz!". Antes de eso, había acusado a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo acciones de "brutalidad policial" contra manifestantes contrarios a las políticas del gobierno mientras que permitían concentraciones de tipo neonazi. Por ello ha acusado al ministro de que estaría más "en su medio natural" si los agentes llevasen uniforme gris como en la dictadura franquista.
"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no deben estar haciendo tanto mal cuando resulta que son las dos instituciones más valoradas", ha dicho el ministro en su turno de réplica.
Por su parte, el portavoz de Amaiur ha llegado a colocarse un trapo azul en la boca en señal de mordaza durante su intervención. Así ha permanecido durante unos segundos hasta que la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, le ha llamado al orden: "Aquí se viene a hablar", le ha dicho.
"MUCHA POLICÍA, POCA DIVERSIÓN"
Errekondo ha comenzado citando "al fascista" Manuel Fraga cuando dijo "la calle es mía" y ha acusado a Fernández Díaz de retomar ese espíritu. Ha terminado citando como "poetas" al grupo de música punk vasco Eskorbuto y en concreto ha cantado el estribillo de una de sus canciones más conocidas: "Mucha policía, poca diversión, un error, un error, mucha policía, poca diversión, represión, represión".
Fernández Díaz ha dicho que hay intervenciones que "no merecen ni réplica", pero sí ha contestado a Errekondo: "no me extraña que se ponga esa mordaza porque ustedes han estado jaleando a unos terroristas que saben mucho lo que es amordazar para luego asesinar, así que no me extraña que salga aquí con la mordaza".
A juicio del PSOE, su diputada Isabel Rodríguez ha tachado el texto como "una reforma ideológica". "Primero tuvieron la crisis para recortar derechos y ahora la excusa de la seguridad para recortar la libertad, además vienen con el mercadeo: siempre hay unos que ganan dinero y otros que pierden derechos, también con esta ley y la Ley Seguridad Privada donde ha habido quien ha hecho negocio", ha denunciado.
En este sentido, la diputada socialista ha advertido al ministro de que "no deberían empeñarse en gobernar contra todos siempre" y ha ido más allá: "está a tiempo de retirar esta Ley si usted no quiere acabar como el señor Gallardón (quien dimitió tras retirarse la ley contra el aborto que él promovió).
Ricardo Sixto, de IU, ha ironizado que el ministro "ha batido el récord" al haber acumulado hasta nueve enmiendas a la totalidad al texto, tres más que la actual ley vigente, conocida como la 'ley de patada en la puerta' promovida hace 23 años por el Gobierno socialista. Además ha recordado que ha recibido el "varapalo" de los órganos consultivos y ha acusado a Fernández Díaz de no haber atendido todas sus recomendaciones. "Esta Ley trae la criminalización de la protesta ciudadana, que no es una preocupación para la mayoría de los españoles", ha denunciado.
"GRUPOS MUY DIFERENTES" CONTRA LA LEY
Por parte del PNV, Emilio Olabarria, ha denunciado que la ley fomenta "una situación de inseguridad jurídica", algo en lo que ha coincidido la líder de UPyD, Rosa Díez, ya que la necesidad de recurrir la sanciones de la administración ante los tribunales de los Contencioso Administrativo junto a la ley de tasas judiciales va a provocar, a su juicio, que la gente "desista de acudir a los tribunales". "El hecho de que grupos tan diferentes estemos de acuerdo, debería llevar a reflexionar al Gobierno", ha zanjado Díez.
El ministro ha devuelto la pregunta y ha dicho que son algunos grupos de la oposición los que "deberían preocuparse por estar de acuerdo con grupos como Amaiur o ERC a la hora de presentar enmiendas a la totalidad"
El ponente de CiU, Feliu Guillaume, ha admitido que fue su grupo el que pidió una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero ha lamentado que esta no es la que esperaban. En cualquier caso, ha sido el único portavoz que ha destacado "cosas buenas" de la ley como "el tema de los enmascarados". "Cuando uno va con la cara tapada a una manifestación es porque piensa mal. Esta ley recoge eso y creemos que es positivo", ha explicado.
Para fijar posición, el portavoz del PP, Conrado Escobar, ha acusado a la oposición de hacer "un discurso de panfleto y de pancarta cuando no de simple falsedad" y ha dicho que el PSOE "es el partido de la patada en la puerta".