Lorenzo Sanz se enfrenta a cinco años y medio de cárcel por defraudar casi 6 millones a Hacienda

El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y medio de cárcel por presuntamente defraudar a la Hacienda Pública casi 6 millones en los ejercicios 2008 y 2009.

El empresario será juzgado el próximo jueves por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2008 y 2009, por los que se enfrenta a una petición de pena de cinco años y medio de prisión.

Según el fiscal, el procesado ocultó en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas de los años referidos (a las que se acogió a la modalidad de tributación conjunta junto a su esposa) cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF, por importe de 5.968.975,5 euros.

Esta cantidad debió ser declarada en esos años, cosa que según el fiscal de "forma intencionada" no hizo el acusado para obtener así un beneficio fiscal ilícito y dejar de ingresar 969.437,08 euros en el ejercicio de 2008 y 275.386,26 euros en el de 2009.

Además de la solicitud de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 2.907.000 euros por el ejercicio del año 2008 y otra de 550.000 euros por la del 2009, además de indemnizar a la Hacienda Pública en 1.224.823,34 euros.

No ha quedado acreditado que la cónyuge del procesado conociese el propósito defraudador del acusado, participase u ostentase capacidad decisoria en la confección y presentación de las referidas declaraciones.

No obstante, en tanto que casada en régimen de sociedad de gananciales con el acusado y no constando ninguna otra fuente de ingresos, se benefició de las cantidades dejadas de ingresar por éste al erario público, aplicando las mismas al sostenimiento de los gastos derivados de la unidad familiar.

Por lo tanto, y respecto de la esposa del acusado, María Luz D. M. se abre también juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo y de ser considerada culpable deberá indemnizar a la Hacienda Pública en el 50% de la cuota defraudada, esto es, en 622.411,67 euros.