Luzón revoca la decisión de Moix y mantiene a los fiscales de caso 3%

Según informa este jueves la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Luzón ha acordado dejar sin efecto el Real Decreto del pasado 10 de abril por el que se sustituyó a estos fiscales y así se lo ha comunicado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha mostrado su conformidad.

Luzón ha considerado a la hora de tomar esta decisión que tenía más peso la antigüedad en el procedimiento de Grinda y Bermejo, así como "el tiempo y esfuerzo ya dedicado a la preparación y estudio" del caso por parte de estos dos fiscales, que han continuado a cargo del procedimiento durante los meses transcurridos desde que en abril se adoptó la decisión de sustituirles.

Asimismo, ha pesado en esta decisión "la dificultad de los nuevos fiscales para afrontar tan complejos procedimientos en curso partiendo de cero", razones que están en la base del principio general de vinculación del fiscal al procedimiento, que preside con carácter general la organización de trabajo de las Fiscalías, conforme a la Instrucción 1/2003 de la Fiscalía General.

Moix había decidido sustituir a Bermejo y Grinda --ubicados en Madrid-- por los fiscales anticorrupción de la Fiscalía de Barcelona Fernando Maldonado y Teresa Duerto por la mayor facilidad para ellos, al estar en Barcelona, para asistir a las frecuentes diligencias de instrucción señaladas, la mejor distribución de la carga de trabajo entre los distintos fiscales y la asunción por los fiscales delegados de un mayor protagonismo en los asuntos tramitados en juzgados territoriales de su competencia, informa la Fiscalía General.

En el marco de esta causa, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su condición de aforado como diputado del Parlament, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

La Fiscalía sostiene que "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó ha mantenido con empresarios, algunas de ellas en la sede de la antigua CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.

El resto de la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) por supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaban y en él están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar --también encausado en el caso Palau-- y Andreu Viloca, además de varios empresarios.