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Las familias de las víctimas de Madrid Arena expresan su "más absoluta disconformidad" ante las penas de la Fiscalía

Expresan su malestar por la entrega del escrito de acusación a la prensa
Las acusaciones particulares en el caso Madrid Arena, que representan a las familias de las víctimas, han emitido un comunicado en el que muestran su disconformidad con las penas de hasta 4 años solicitadas por la Fiscalía de Madrid para catorce de los procesados en la causa, entre ellos para el promotor de la fiesta mortal Miguel Ángel Flores.
El comunicado se produce poco después de que se conociera el contenido del escrito de acusación del Ministerio Fiscal. En el documento, se piden penas de entre dos años y medio y cuatro años de prisión.
A Flores, el principal imputado, se le reclaman cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio imprudente grave, en concurso con dieciséis lesiones. En su caso, las acusaciones elevaban esta pena a 20 años, aplicando el mismo artículo del Código Penal que ha aplicado la Fiscalía, según han destacado varios abogados a Europa Press.
Ante esto, los abogados han manifestado que están "totalmente en desacuerdo con el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, al no tener en consideración la gravedad efectiva de los hechos, las penas solicitadas, las acusaciones omitidas, y las responsabilidades civiles pedidas".
Asimismo, han querido mostrar su "más absoluta disconformidad, malestar y sorpresa" por el hecho de que la propia Fiscalía remitiera el escrito a los medios de comunicación.
"Como quiera que este comportamiento del Ministerio Fiscal viene siendo reiterado, como ya hizo en el mes de julio dando conocimiento a la prensa de un informe de la Clínica Médico Forense, con absoluto desprecio al sentimiento de las familias de la víctimas", han criticado.
Por ello, mandarán a la Fiscalía "una petición clara, concreta y expresa" de que se abstenga de facilitar a los medios de comunicación información relevante antes que a las partes procesales personadas. A su juicio, esta actuación se aleja de las funciones que tienen recogidas en su Estatuto, aludiendo al hecho de que debe velar por la protección procesal de las víctimas, entre otras cuestiones.