Madrigal pide un "cambio profundo" del proceso penal para que la responsabilidad de personas jurídicas gane en eficacia

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha defendido este jueves la necesidad de llevar a cabo un "cambio profundo" del proceso penal para ganar en flexibilidad y eficacia a la hora de prevenir los delitos derivados de la responsabilidad de las personas jurídicas, figura introducida en el Código Penal y que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales por actuaciones individuales.

"La polémica está servida", ha advertido Madrigal haciendo referencia a las recientes sentencias del Tribunal Supremo, con votos discrepantes y división de la sala, sobre la interpretación que se hace de la reforma del Código Penal de 2015.

La fiscal general ha inaugurado este jueves el Congreso Internacional de Compliance, una figura extendida en el mundo anglosajón y contemplada por la legislación española para, a través de medidas internas de prevención del delito, exonerar a las organizaciones de las responsabilidades penales. Desde 2015, las empresas pueden contar con un órgano de supervisión y vigilancia conocido como programa de compliance.

"La reforma es muy reciente y no se puede predecir qué resultados dará", ha comentado Madrigal sobre la introducción de la figura de la persona jurídica, algo que aprecia como "muy positivo" porque puede generar una "mayor conciencia ética" en las organizaciones. "El éxito dependerá del modelo procesal, si es más flexible encontraríamos más eficacia", ha continuado.

La fiscal general ha reclamado que se introduzcan más acuerdos de conformidad y, con ello, mayor flexibilidad en el proceso penal. "Todo esto apunta a un cambio estructural profundo del proceso penal para abreviar la fase de instrucción y poder centrarse en el juicio oral", ha señalado Madrigal, que ha insistido en que el fin del compliance "no es la exoneración" del delito. "La finalidad primordial es elevar el tono ético empresarial", ha especificado.

"El Ministerio Público cree que el cambio es muy trascendente", ha añadido y recordando la circular de enero de 2016 con instrucciones precisas a los fiscales, donde se les especifica que es este cuerpo el que tiene que probar la inexistencia de programas eficaces de compliance para prevenir el delito, sin que sirvan "programas tipo" o basados en "evaluaciones externas puramente formales".

CRÍTICAS AL LEGISLADOR

Entre los ponentes en el Congreso Internacional de Compliance celebrado en Madrid se encontraba José Manuel Maza Martín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ponente de una de las tres sentencias sobre la figura de la persona jurídica. El magistrado ha hablado de un "tremendo desafío" y ha deslizado algunas críticas por la ausencia de una ley específica que cumpla con el mandato de los organismos internacionales.

"Es el arma más efectiva para aquellos gravísimos delitos de orden económico que se producen en el seno de las complejas organizaciones empresariales", ha admitido José Manuel Maza, quien, no obstante, ha señalado que existe un debate por el "grave peligro" de desatender el mandato constitucional sobre los "principios de garantías de las personas físicas".

El magistrado del Supremo ha recurrido a una metáfora para visualizar el desconcierto en el seno del alto tribunal: "Tenemos bastantes dificultades y estamos como esas actuaciones de malabaristas con platitos y tres varias". En este sentido, ha coincidido con Madrigal en que el sistema procesal en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, "prácticamente imposibilita" la aplicación de la responsabilidad penal en las empresas.

En este sentido, ha insistido a la necesidad de "autorresponsabilidad" de la empresa y ha advertido de los "riesgos sobre la eximente" al introducir programas de compliance al observar que puede llevarse por parte del instructor a una "solución forzada" que conlleve al archivo del delito sobre la persona jurídica. "Aquí no tenemos un fiscal investigador, tenemos un juez instructor", ha dicho Maza a modo de ejemplo de los déficit legislativos.