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Madrigal sospecha que hay causas en los juzgados de las que desconocen su existencia y no podrán revisar

Elevarán una propuesta al Gobierno para obligar a los secretarios judiciales a darles traslado de todos los procedimientos
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, "sospecha" que hay causas en los juzgados cuya complejidad está pendiente de ser revisada por los fiscales -a lo que obliga la ley para determinar el plazo para investigarlas-, cuya existencia les es desconocida y que por lo tanto no podrán ser analizadas en plazo. "Tengo que decir que sospechamos que existen, pero no sabemos cuántas son", ha dicho.
Madrigal ha convocado una rueda de prensa con tan solo dos horas de antelación para advertir que, por el hecho de no conocer cuáles son estos procedimientos ocultos de cuya existencia "sospecha", la Fiscalía no puede hacerse responsable de su revisión en el plazo que marca el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"De lo que solo sospechamos y no sabemos no podemos responder", ha señalado. La clasificación es importante el juez tiene 6 meses para investigar y llevar un asunto a juicio si la causa es simple y el tiempo se amplía hasta los 18 meses en el caso de las instrucciones complejas.
No obstante, Madrigal niega que la existencia de estos sumarios ocultos pueda llevar a situaciones de impunidad en el caso de sobrepasarse los plazos de revisión. "Si aparecen en un armario o una dependencia judicial cuando pase el plazo, no es que se archiven porque la Fiscalía dirigirá la estrategia acusatoria siempre que los hechos no hayan prescrito", ha explicado.
En este sentido, aunque una vez cumplido el plazo la ley no deja a los fiscales solicitar diligencias durante la instrucción, por ejemplo, el Ministerio Público podrá "reconducir" la situación, seguir impulsando la causa en la fase intermedia antes de llegar a juicio e incluso durante la vista, solicitando las medidas que considere oportunas.
No obstante, Madrigal garantiza que el próximo 6 de junio, día que acaba el plazo de revisión dado por la ley, estarán clasificados entre complejos y no complejos el cien por cien de los procedimientos a los que han tenido acceso por el traslado que les han dado de los mismos los letrados de la administración de justicia -antes llamados secretarios judiciales-. Además afirma que en este grupo se encuentra la mayoría de los asuntos que existen ante los juzgados.
BAILE DE CIFRAS
Madrigal no ha querido dar cifras, cosa que sí ha hecho el fiscal de Sala José Luis Bueren, quien ha apuntado que la Fiscalía consideraba que existían 550.000 causas pendientes de revisión cuando se solicitó y consiguió que el Ministerio mandara un refuerzo de 80 fiscales para realizar la clasificación en las 29 Fiscalías con más trabajo pendiente.
El pasado 1 de mayo, en esos departamentos con refuerzo se habían revisado ya un total de 141.815 causas, según los últimos datos disponibles. En cuanto al total, las cifras del Ministerio eran diferentes a los 550.000 causas apuntadas por el Ministerio Público y han ido estirándose desde las 250.000 que el Departamento de Rafael Catalá apuntó al principio hasta las 460.000.
"Nos dan una cifra que debemos contrastar, porque según los fiscales hay juzgados con 200, 300 y hasta 400 causas pendiente de revisión -ha apuntado Bueren durante la rueda de prensa-. Las que estén encima d ela mesa el 6 de junio estarán despachadas". Madrigal ha añadido que en las Fiscalías que no precisaron refuerzo ya han revisado el cien por cien de las causas.
El problema, según Madrigal, será entonces lo que ocurrirá desde el próximo 6 de junio, ya que con los medios existentes la Fiscalía no asegura que pueda dar adecuado cumplimiento del nuevo sistema de plazos si desde el Ministerio no se da una instrucción "que aclare el nivel de corresponsabilidad de los señores letrados de la administración de justicia en eset proceso, como custodios de los procedimientos e impulsores y ordenadores de su tramitación".
Es decir, la Fiscalía ve disfunciones en la norma porque el traslado de las causas a los fiscales, para que puedan valorar su complejidad, no puede quedar al albur de las buenas relaciones que puedan existir entre la Fiscalía y los Juzgados.
Por ello, prevé elevar una propuesta legislativa al Gobierno "a fin de posibilitar el desenvolvimiento racional de la fase de instrucción en los procedimientos penales".
Quieren que se obligue a los letrados judiciales a darles traslados de las causas. Esta petición se realizará en otoño, que es cuando se presenta en las Cortes la Memoria Anual que debe incluir dichas propuestas al Gobierno.