Magdalena Álvarez pide al juez una copia de la declaraciones de los ex interventores generales de la Junta de Andalucía

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Magdalena Álvarez solicita al juez Álvaro Martín que le entregue copia del acta y de la grabación audiovisual de la declaración del exinterventor, quien en su comparecencia del pasado 13 de enero aseguró que el Consejo de Gobierno conocía el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas.

De este modo, el ex interventor general de la Junta puso de manifiesto que tanto el Consejo de Gobierno como las consejerías de Hacienda y de Empleo tuvieron conocimiento de la opinión de la Intervención sobre el empleo de las transferencias a través de las memorias de control financiero permanente relativas a los años 2004, 2005 y 2006.

Manuel Gómez dijo en su declaración que las transferencias de financiación "deben destinarse a su destino genuino pero puede tener otro", ya que "son ambiguas en cuanto al régimen jurídico". "Entre 2000 y 2014 han cambiado mucho los conceptos y como contable entendemos que deben servir para los gastos generales de la empresa, y cuando no es así decimos que el uso es inadecuado, pero ir más allá es arriesgado", subrayó.

Tras indicar que esta materia es "lábil" en cuanto a su régimen jurídico y que "es fácil que se pueda llegar a conclusiones diversas", el ex interventor general de la Junta también desveló que la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez --en su declaración no mencionó directamente el nombre de la exministra-- habría tenido conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias a través de las memorias anuales de cumplimiento de 2001 y 2002.

Asimismo, la defensa de Magdalena Álvarez ha pedido al juez una copia de las actas y las grabaciones audiovisuales de las declaraciones prestadas por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell; del exviceconsejero de Economía José Salgueiro; de la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos Ortiz, y de Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxemburgo.

Este último ha elaborado un informe a petición de la defensa de Magdalena Álvarez, aportado a la causa, en el que defiende que la exconsejera "actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria".

De su lado, Rocío Marcos compareció ante el juez como testigo-perito el pasado 1 de marzo y defendió que las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas "no son ilegales" y que dichas transferencias "son un concepto contable y no jurídico".

De igual modo, aseguró que no participó en el informe aportado a la causa por el que fuera interventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso --investigado en el caso ERE-- donde se avalaba que el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento y la Cámara de Cuentas.