Maíllo ve "escandaloso que el TC se posicione a favor de la banca" y quite "derechos" a quienes van a ser desahuciados

Así lo ha dicho Maíllo en una entrevista en el programa de 'La Ventana' de la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, tras conocerse que el TC ha acordado mantener la suspensión cautelar de los preceptos impugnados de la 'ley antidesahucios' de la Junta hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo del asunto por parte del Alto Tribunal.

Los preceptos recurridos por el Gobierno central son los que permiten sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas vacías y expropiarles temporalmente el uso de viviendas para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social acreditado.

Para Maíllo, la suspensión cautelar de estos artículos "es una noticia de mucho alcance" y "grave" en tanto en cuanto supone que habrá que esperar "cuatro, cinco, seis o siete años" hasta que el Constitucional dicte una sentencia al respecto, lo que repercutirá "en cientos y miles de familias" que ahora no podrán acogerse a este "derecho que les permitiría usar durante tres años su vivienda, evitando el desahucio y superando una difícil situación económica".

"Ahora lo único que puede quedar es el dolor y el sufrimiento y más perdida de derechos de la mayoría social a la que iba dirigida esta ley", ha lamentado el coordinador general de IULV-CA, que también ha advertido del "daño irreversible" que supondrá esta decisión del TC "para muchas familias" de la comunidad que, en la actualidad, se enfrentan a un proceso de desahucio.

Maíllo se ha mostrado "muy preocupado por el cambio de doctrina" en el Tribunal Constitucional al entender que, "entre el daño teóricamente irreversible que se podría hacer a los bancos y el que se podría hacer a las familias que no pueden pagar sus viviendas, se ha posicionado en favor de la banca". "Y eso me parece sencillamente escandaloso", ha sentenciado.

El coordinador general de IULV-CA ha dicho desconocer por qué este "cambio de doctrina" del TC pero ha lamentado que las normas autonómica parezcan que ya "no tienen presunción de constitucionalidad".