Margarita Robles, abierta a regular la vuelta de los jueces desde la política a la carrera judicial

La número dos de la lista del PSOE por Madrid, Margarita Robles, se ha mostrado abierta a regular la vuelta de los jueces desde la política a la carrera judicial, aunque considera que esto se debería incluir en un pacto de Estado por la Justicia más amplio y que contribuya a resolver los problemas de la Justicia y se evite lo ocurrido en la última Legislatura en la que, según dijo, "las leyes se imponían por el rodillo mayoritario del PP".

La magistrada del Tribunal Supremo considera "prematuro" que la instrucción se traslade a los fiscales mientras el "Ministerio Fiscal tenga una dependencia como la que tiene con el Gobierno del PP, del Poder Ejecutivo", lamenta la lentitud del Tribunal Constitucional en resolver asuntos y es muy crítica con las reformas que ha realizado el PP en materia de Justicia.

Respecto de las puertas giratorias, Robles considera que "cuando uno va a la política va prestar un servicio a los ciudadanos, no va a medrar ni a tener un puesto determinado", y que al final tanto la política como el ejercicio de la judicatura "son servicios públicos a los ciudadanos".

A juicio de Robles, lo que tiene que mover a las personas es dicha finalidad de servicio público, y aunque ella respeta la opinión de todo el mundo cree que "a veces hay una sospechas excesivas". Considera que puede ser un "factor que enriquezca la vida política el que personas comprometidas con la administración de la ley y la justicia pasen a desempeñar un servicio público en otro área diferente. En todo caso, no vería mal que se pudiera regular este asunto.

Preguntada por cómo debería ser esta regulación, la magistrada considera "razonable" que un juez pueda ser ministro de Justicia, pues conoce perfectamente esta problemática, e insiste que, en todo caso, la regulación del asunto en uno u otro sentido debe ser fruto del consenso y de un Pacto de Estado.

CONTRARIA A QUE INSTRUYAN LOS FISCALES

A Margarita Robles ceder la instrucción a los fiscales le parece alto "prematuro mientras el Ministerio Público tenga una dependencia como la que tiene con el Gobierno del PP del Poder Ejecutivo", ya que daría apariencia de falta de imparcialidad. "Sería necesario dar la vuelta por completo al propio funcionamiento de la Fiscalía General del Estado", reconoce.

Por lo que se refiere a las normas procesales, lo que propone Robles es derogar los plazos de la instrucción incluidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

"A mi me hace gracia cuando el PP dice que quiere luchar contra la corrupción resulta que lo que hace es poner dificultades a los jueces, quitarles los medios limitando los plazos de instrucción", afirma la número dos del PSOE para Madrid. Se pregunta el por qué de imponer dichos plazos -de seis a 18 meses- en un sistema en el que hay que enviar comisiones rogatorias a países que son paraísos fiscales, y que todas las asociaciones judiciales "sin excepción" los critican.

Por ello, subraya la magistrada que no cree que con las reformas que ha hecho en Justicia el PP "haya demostrado voluntad de luchar contra la corrupción sino todo lo contrario, dificultar el trabajo de los jueces".

Así, añade que lo que va a hacer la reforma es favorecer la impunidad de los corruptos, de aquellas personas que tengan grandes despachos de abogados en el extranjero, que tengan entramados, acudan a paraísos fiscales, o que actúan a través de sociedades intermedias", puntualiza la magistrada.

Margarita Robles plantea que la Justicia tiene que ser una "prioridad" para la clase política. Considera que un país en el que la justicia es "lenta" y "poco eficaz" es un país que "falla" y en el que se "quiebran" en cierto sentido los principios fundamentales del Estado de Derecho. "Me parece esencial que las reformas que se hagan en ámbito de la política sean fruto del consenso serenidad y del rigor, y que no estén permanentemente haciendo cambio cada vez que hay un cambio de Gobierno".

LOS JUECES LLEVAN ADELANTE LA BANDERA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Como prioridad, la magistrada habla de dotar de medios a los jueces, de quienes destaca que están haciendo un esfuerzo fundamental y "son los que están llevando adelante la bandera contra la corrupción. Cita las resoluciones en materia de desahucios o cláusulas abusivas, y que frente a ellas se encuentran "absolutamente colapsados" como consecuencia de la crisis.

Robles también se refiere a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que dice que precisa una reforma que debe er abordada "con serenidad". Se muestra absolutamente en contra, en todo caso, de suprimir este órgano tal y como planteó inicialmente el líder Ciudadanos, Albert Rivera.

"Creo que el CGPJ que es una pieza clave e imprescindible recogida en la Constitución y que tiene que seguir existiendo -afirma Robles-. Otra cosa distinta es que es verdad que la experiencia de estos años ha puesto de relieve que hay disfunciones importantes".

Por ello, califica de "muy mala" la reforma realizada por Alberto Ruiz-Gallardón como ministro "porque lo que ha hecho ha sido incrementar la imagen e politización la justicia y porque lo ha transformado en un órgano esencialmente presidencialista y con vocales de dos categorías".

En relación con el órgano de gobierno de los jueces, la magistrada del Supremo también recuerda que el PSOE ha recurrido la última reforma de este órgano ante el Tribunal Constitucional (TC), al que le pide que resuelva los asuntos más rápidamente. A la espera de lo que diga el TC, y tras criticar la lentitud de este tribunal, Robles recuerda que la Constitución habla de 20 vocales sin ninguna diferencia entre ellos, y la reforma que se sacó en minoría y sólo con el PP lo ha hecho es crear dos categorías de vocales.

En cuanto al sistema de elección de estos vocales, la candidata socialista afirma que siempre ha sido partidaria del sistema parlamentario, si bien no niega datos las instituciones europeas sean críticas con este modelo y que, además, éste pueda provocar en la ciudadanía la percepción de que se afecta a su independencia.

"Si este sistema de elección lleva a los ciudadanos a la convicción de que hay una apariencia de politización, es evidente que hay una obligación a sentarse y reflexionar profundamente -reconoce la magistrada-, y quizá una de las salidas sea que la elección de los vocales judiciales se realice por los jueces, y de los no judiciales se realice por los parlamentarios". Todo ello, insiste, debe ser fruto del consenso.

TASAS PARA GRANDES EMPRESAS, NO PARA PYMES Y ONG'S

Otra cuestión que preocupa a Robles es la justicia gratuita, y se ha referido a la Ley de Tasas de Ruiz-Gallardón como "uno de los grandes disparates" de la anterior legislatura, pues "generaba enormes dificultades para las personas que tenía recursos económicos que impedía que pudieran acceder a los tribunales en situación de igualdad.

Por ello señala que "hay que derogarla por completo" también para las pymes y ONGs, aunque conservaría las destinadas a grandes empresas, e insiste en que hay que hacer "una apuesta decidida por la Abogacía del turno de oficio y por la justicia gratuita". Considera una prioridad que la abogacía turno de oficio funcione adecuadamente porque "sin abogados rigurosos y preparados que defienden y tutelen pretensiones de la ciudadanía, es evidente que la justicia no es justicia".

Finalmente, la candidata socialista critica que la implantación sistema LexNET -que obliga a presentar los escritos en los juzgados de forma digital desde el pasado 1 de enero- fue una "precipitación" y que se hizo a pesar de ser conscientes desde el Ministerio de que el sistema no estaba preparado para ello.