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El juez exculpa al mayordomo de Marina Castaño en la causa sobre irregularidades en la Fundación Cela

El empleado cobró de la entidad que recibe fondos de la Xunta de Galicia a pesar de realizar trabajos privados para la viuda
El juez de Instrucción 2 de Padrón (La Coruña) ha exculpado al mayordomo de Marina Castaño, viuda de Cela, de las acusaciones que pesaban en su contra en la causa que investiga irregularidades en la Fundación que lleva el nombre del Nobel.
El empleado Rubén Darío Vargas, declaró haber realizado desde el año 2004 hasta la actualidad trabajos privados para la viuda a pesar de estar contratado durante varios años a través de la entidad que recibe fondos de la Xunta de Galicia.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez precisa que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" en su caso. En el procedimiento se encuentran imputados, además del mayordomo, la viuda del Nobel y el exgerente de la Fundación Tomás Cavanna.
Durante su declaración judicial, prestada el pasado mes de diciembre, Vargas, defendido por la abogada Elena Sanz Vega, confirmó las sospechas de la Fiscalía que defiende que, varios empleados, figuraban como trabajadores de la entidad cultural pero que "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela".
En el caso del mayordomo, lo hacía incluso en "el propio domicilio" madrileño de Castaño, decía el fiscal. El mayordomo, que continúa trabajando para Castaño, ratificó también este extremo y concretó que siempre ha trabajado en la vivienda que la mujer de Cela mantiene en la calle Alberca de Madrid donde realiza "todas las tareas que ella que le encarga".
Sus funciones van desde labores como chófer o conductor hasta "ayudar" en la casa privada de Castaño y en su oficina, situada en una de las plantas de ese edificio, dijo. Precisó que su jefa regularizó su situación en España en 2005 y, desde entonces, cobra su nómina por transferencia bancaria.
El dinero le era abonado en un primer momento por la Fundación Cela y luego por la empresa de la viuda del Nobel, Letra y Tinta.
También dio detalles sobre algunas de sus labores como que suele llevar en coche a Castaño por toda España cuando tiene que acudir a algún acto y también por temas privados o que "siempre ha tenido la sensación de estar trabajando para ella" y que hacía lo que ella le decía.
En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, presentado a mediados de 2012 después de que una vecina de Iria Flavia Losla Ramos denunciara irregularidades, el Ministerio Público argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado "era una práctica habitual" desde hacía años.
DECLARACIÓN DE CASTAÑO
Por su parte, Castaño ya declaró el pasado mes de julio en los juzgados de Padrón por supuestos delitos de malversación, apropiación indebida y fraude, cita en la que "trató de justificar sus actuaciones en la gestión" de esta entidad cultural, según sus propias palabras. Previamente, prestó declaración Cavanna, cuyo despido la juez sospecha que ha sido simulado y el cual forma parte de la investigación.
La denuncia del fiscal ante el juzgado de Padrón contra Marina Castaño y su número dos les acusaba de supuestos delitos de malversación de caudales públicos. También denunciaba "base" para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.
CONTRATADO POR LA FUNDACIÓN CELA
En el escrito judicial, la instructora del juzgado de Padrón afirmó que existían "indicios racionales" de que el ordenanza que fue contratado por la Fundación Camilo José Cela trabajaba en realidad en casa de Marina Castaño en Madrid.
En dicho documento, la juez señaló que la contratación de Vargas, en la que también intervino el que era director gerente, "podría ser constitutivo de delito". "Como ya indicaba el fiscal en su escrito inicial", existen "indicios racionales de que esta persona en realidad prestó sus servicios en el domicilio de Madrid de la querellada Marina Castaño", recogió en el auto.
Como argumento, la juez esgrimió que fue el domicilio que "facilitó para conseguir su regularización en España en todos los trámites desde el año 2001 hasta el año 2010". Con posterioridad a su baja en la fundación, por la que había sido contratado con centro de trabajo en Padrón, "fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño", apuntó.