Marjaliza y su mujer tenían 18 cuentas abiertas en Suiza

Así consta en el sumario del caso 'Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordena bloquear los saldos, productos y cajas de seguridad abiertas en las entidades del país helvético BNP Paribas y UBS a nombre de los dos matrimonios y las sociedades Time, Droz&co y Sheraton Trading.

Por su parte, Granados y su esposa Nieves Alarcón abrieron una cuenta en BNP Paribas con fondos procedentes de la entidad Credit Lyonnais en el año 2000, que fue cancelada en 2007, cuando sus cerca de 1,7 millones de euros se transfirieron a otro depósito abierto en Suiza en la entidad UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&co, cuyo beneficiario era su socio, David Marjaliza.

CUENTA CREADA 'AD HOC' EN SINGAPUR

La mayor parte de los fondos se remitieron después a una cuenta creada 'ad hoc' en Singapur a nombre de la sociedad Millena Trading Pte Lt, desde la que 4,2 millones retornaron a España para quedar ingresados en una sucursal de Valdemoro, "amparándose en una pretendida operación de exportación de obras de arte".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la operación de venta de obras es "ficticia" y permitió a Marjaliza "blanquear mas de cuatro millones de euros y colocar parte de su patrimonio en la forma de obras de arte en un deposito franco fuera del país".

Los investigadores sospechan que el origen de los fondos de Marjaliza procedió de la contratación admnistrativa y que se sirvió de sus relaciones "personales y políticas" con Francisco Granados y sus sucesores en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza, y las relaciones "privilegiadas" que mantenía con funcionarios municipales para "acaparar" buena parte de las promociones urbanísticas del municipio.

"Lo que le permitió acumular un ingente patrimonio, que fue disponiendo en un complejo entramado empresarial, y parte del cual terminaría en las cuentas identificadas en Suiza", prosiguen, para recordar que Marjaliza acumuló una fortuna de 33.498.675,30 euros a nombre de la empresa Nexus, que era su principal sociedad patrimonial --que estaba colocada a nombre de su empleada Sara Hervás--.

Esta información se desprende a raíz de la comisión rogatoria cursada por las autoridades suizas que reveló "movimientos sospechosos" en las cuentas bancarias que figuraban a nombre de los dos matrimonios y empresas como Sheraton Trading, Vancouver, Droz&co o Time.

El propio Francisco Granados, que se encuentra en prisión desde el 30 de octubre de 2014, aseguró en su declaración ante Velasco que sólo tuvo una cuenta bancaria en Suiza entre 1994 y 2000 y que ese año se la traspasó a su socio, el constructor David Marjaliza, con unos fondos de entre 320.000 y 340.000 euros. "Firmé papeles en blanco porque en los bancos suizos nunca firmas los impresos rellenos", dijo.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.