El juez De la Mata envía a Valencia la investigación de la Fundación que organizó la visita al Papa hasta 2014

Se trata de la misma fundación que intervino en la organización de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006. Precisamente este lunes De la Mata también ha abierto juicio oral contra el expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía Nacional Juan Cotino por impulsar la contratación de una empresa pantalla de la trama 'Gürtel' en la retransmisión del encuentro.

El magistrado se alinea con el criterio de la Fiscalía y considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto del resto de piezas, referidas "exclusivamente" a distintas actividades ilícitas desarrolladas por el presunto 'cerebro' de la 'Gürtel', Francisco Correa.

En lo que se refiere a la pieza principal de esta investigación, el magistrado ha acordado sentar en el banquillo a 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por esta pieza del 'caso Gürtel' en la que se investiga la contratación de la red liderada por Francisco Correa para instalar las pantallas y la megafonía que cubriría el recorrido del Pontífice.

Además de Cotino, que se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel, serán juzgados el ex director de la televisión pública Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión pública valenciana, así como los responsables del llamado 'grupo Correa' Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín, entre otros.

El instructor da por formulada la acusación por delitos de asociación ilícita, prevaricación continuada, malversación continuada de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, falsedad en documento mercantil continuada, cinco delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales continuado y un delito continuado de cohecho.

El juez fija fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en una sentencia condenatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, al tiempo que da diez días a los procesados de plazo para formular los escritos de defensa.